Una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados propone reformar el Código Penal Federal para establecer penas de prisión contra quienes abandonen a personas adultas mayores que se encuentren bajo su responsabilidad.
La propuesta, presentada por la diputada Alejandra Chedraui, contempla sanciones de tres a seis años de prisión y multas de hasta 600 UMA para quienes dejen en situación de desamparo a una persona adulta mayor, poniendo en riesgo su vida, salud o integridad.
El proyecto plantea incrementar las penas cuando la persona afectada tenga alguna discapacidad, enfermedad crónica o movilidad reducida, así como cuando el abandono ocurra en hospitales o lugares considerados de riesgo.
También contempla agravantes cuando exista un vínculo familiar o cuando el abandono tenga como finalidad evadir obligaciones de alimentación, asistencia o cuidado. Si se pone en peligro la vida de la víctima o se provoca un daño permanente a su salud, la pena podría alcanzar hasta 10 años de prisión.
La iniciativa considera como formas de abandono no solamente la falta de apoyo económico, sino también la negligencia en alimentación y atención médica, además del posible despojo patrimonial.
El documento cita datos atribuidos al Conapred, según los cuales 2.7 millones de personas adultas mayores, equivalentes al 16 por ciento, viven en condiciones de abandono o maltrato.
OJINAGA, CHIH.- Un automóvil, de la marca Genaral Motor, un Pontiac G6, color dorado, modelo 2006 aproximadamente y placas de Tx, JKZ5906, permanece abandonado y ahora vandalizado a un costado de la carretera que conduce a Manuel Benavides.
El automotor, ya se había reportado por este medio hace más de un mes, se señalo que estaba averiado de la parte delantera, pero ahora, ya lo dejaron sin llantas, sin rines y los vidrios quebrados y quién sabe que más.
En el kilómetro 4+200 de dicha ruta, se puede ver este automóvil 4 puertas, justo entre las vías del tren y el puente del arrollo del Chapo.
Aún y cuando está en la carretera que lleva a Manuel Benavides, pertenece a las autoridades del municipio de Ojinaga hacer lo conducente, ya sean las autoridades de vialidad o bien a la Policía municipal, toda vez que puede ser objeto de la comisión de algún delito y aún está dentro del municipio ojinaguense.
SOMOS UN PUEBLO CHICO, DONDE TODOS NOS CONOCEMOS, ES RIDÍCULO PELEAR POR UN DERECHO BASICO…
Quería ver si podría poner el siguiente comentario (desde Manuel Benavides, ya que al parecer en los grupos de Facebook de aqui no les gusta que uno opine libremente): Quiero hablar sobre algo que ya no debería verse como una simple inconformidad: la situación del agua en nuestro pueblo. Vi la publicación de un periódico donde se expresa el sentir de muchas personas ante la falta de agua, y también vi comentarios de quienes prácticamente responden de manera ignorante “pues vayan al Piélago”, “vayan al cañón por agua” o “antes así le hacía la gente”. Pero seamos serios. No vivimos en aquella época. Estamos en pleno siglo 21, no estamos para retrocer sino otra avanzar. Ir a un arroyo, a un cañón o buscar agua por nuestros propios medios podrá resolver momentáneamente la necesidad de una familia, pero no resuelve el problema. Y esto no es solamente una opinión. LA GENTE IGNORA QUE: La Constitución mexicana reconoce en su artículo 4.º que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico. Asimismo, el artículo 115 establece que entre los servicios públicos a cargo de los municipios se encuentra el agua potable. Es un derecho constitucional, es decir, no se trata de ser «ridiculo» pero las personas aveces no comprenden… Entonces no confundamos las cosas: pedir agua no es pedir un lujo ni un favor. Es exigir atención a una necesidad básica y a un derecho. Y tampoco convirtamos automáticamente una crítica en un ataque contra el presidente municipal o contra determinada administración. Yo no hablo desde un partido ni desde un rencor político, soy de las personas que dejo de creer en la política mexicana. Y por ello…Hablo como ciudadano. Porque si algo no funciona, tenemos derecho a señalarlo. Ahora resulta que expresar lo que nos incomoda es un delito, y es precisamente por eso que me pongo anónimo, antes de que empiecen, no me falta valor, ni me falta valentía, sino que les falta respeto o mas bien, nos falta respeto, y sobretodo, seguridad para hablar tranquilamente sin tener miedo a ser amenazado hacia mi propia persona, parece tonto y ridículo, pero es la realidad de nuestro país, no solo del poblado… Y el problema no termina con el agua. Ya ni canales de televisión tenemos, no tenemos caminos dignos y tampoco vemos resultados suficientes que nos permitan decir con confianza que las condiciones del pueblo están mejorando. Se habla de progreso, de turismo y de avances, pero el progreso debe poder sentirse en la vida cotidiana de las personas. Porque de poco sirve hablar de desarrollo si al abrir la llave no hay agua, si nuestros caminos siguen en malas condiciones y si cada vez contamos con menos servicios. Y nuevamente: esto no es un ataque. Entendemos perfectamente que una administración municipal puede enfrentar limitaciones presupuestales, falta de recursos y problemas que no necesariamente dependen exclusivamente de ella. Sería injusto ignorarlo. Pero la funcion de un presidente es esa, poner presión al gobierno estatal, y no dudo que no lo hagan, pero también no hay que ser hipócritas parándose el cuello, cuando la realidad es otra… Pero reconocer esas limitaciones tampoco significa que tengamos que conformarnos, guardar silencio o presentar como grandes logros resultados que la realidad cotidiana de muchos habitantes no refleja. No se trata de “alzarse el cuello” ni de competir por quién recibe el reconocimiento. Gobernar no debería consistir en convencer a la gente de que las cosas están bien; los resultados deberían hablar por sí mismos. Y si para muchos ciudadanos la percepción es que hoy estamos peor que antes, en lugar de molestarnos porque alguien lo diga, deberíamos preguntarnos por qué tantas personas sienten que el pueblo está retrocediendo. Nuestro pueblo enfrenta problemas serios y TRISTES: falta de oportunidades, poco empleo y personas que terminan buscando un futuro en otros lugares, EL PUEBLO SE ESTA QUEDANDO SOLO. Y quienes todavía estamos aquí, ¿también tenemos que resignarnos a no contar de manera adecuada ni siquiera con servicios básicos? Se habla de promover el turismo, y me parece bien. Pero también debemos preguntarnos algo incómodo: ¿qué imagen queremos ofrecerle al visitante si quienes vivimos aquí batallamos incluso para tener agua en nuestras casas? Antes de pensar solamente en cómo atraer gente de fuera, también hay que pensar en cómo hacer que quienes ya vivimos aquí tengamos razones para quedarnos. Y ALGO QUE ME DA MUCHO CORAJE… Quienes viven fuera y opinan como si conocieran nuestra situación cotidiana, les digo con respeto: es muy fácil minimizar un problema cuando uno no tiene que vivirlo todos los días. Como dice el dicho: “solo el que carga el morral sabe lo que pesa”. Esto no debería tratarse de partidos, amistades, enemistades ni de defender ciegamente a una administración. Se trata de nuestro pueblo.
Una administración pública no necesita ciudadanos que aplaudan todo. Necesita ciudadanos que reconozcan lo que se hace bien, pero que también tengan el valor de señalar lo que está mal.
SOMOS UN PUEBLO CHICO, DONDE TODOS NOS CONOCEMOS, ES RIDÍCULO PELEAR POR UN DERECHO BASICO…
Porque exigir resultados no es atacar.
Exigir agua no es hacer política. Exigir servicios dignos no es estar en contra de nadie. Es ejercer ciudadanía.
Así que abramos los ojos. Dejemos los rencores y las rivalidades políticas a un lado. Podemos pensar diferente y aun así coincidir en algo elemental:
un pueblo que quiere avanzar no puede acostumbrarse a vivir sin lo básico, ni llamar progreso a simplemente sobrevivir con menos.
Una gran noche la que se vivió para celebrar el CCXVI Aniversario del Inicio del Movimiento de Independencia.
Las familias ojinaguenses se dieron cita en el zócalo municipal para decir a una sola voz ¡Viva México! En el acto oficial del Grito de Independencia la presidenta municipal Lucy Marrufo estuvo acompañada por autoridades civiles y militares para salir al balcón central del Palacio del Ayuntamiento, ondear la Bandera Nacional y convocar la memoria de los Héroes que nos dieron Patria. Pasadas las 23:00 horas, el cielo de Ojinaga atrajo la mirada de cientos de familias que disfrutaron del show pirotécnico que iluminó la noche de color y patriotismo.
El Senado de la República autorizó el ingreso a territorio mexicano de una delegación militar perteneciente a la 101.ª División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos, que arribará al estado de Chihuahua.
La autorización corresponde a una visita de carácter militar, en el marco de actividades de cooperación e intercambio entre instituciones de seguridad y defensa de México y Estados Unidos.
La presencia de personal militar extranjero requiere autorización del Senado de acuerdo con las disposiciones constitucionales, por lo que el permiso establece las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo la visita.
Hasta el momento, se espera conocer mayores detalles sobre la fecha de llegada, número de elementos y las actividades específicas que desarrollará la delegación en Chihuahua.
Tras recibir señalamientos de derechohabientes sobre una presunta suspensión anticipada de labores en el IMSS de Ojinaga, se acudió directamente a las instalaciones para comprobar la situación.
Durante la visita se constató que Germán, encargado del pago de viáticos, no se encontraba disponible, por lo que los derechohabientes que acudieron a realizar este trámite no pudieron recibir el pago correspondiente.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, el personal de guardia únicamente estaba anotando a los beneficiarios para que pudieran abordar el camión programado para este 16 de septiembre.
La situación ocurre mientras el administrador del IMSS, Eduardo Ramírez, se encuentra de vacaciones, y surge el cuestionamiento sobre quién está encargado de garantizar que los servicios administrativos continúen funcionando durante estas fechas.
La pregunta es directa: ¿los trabajadores tienen derecho a tomar el 15 de septiembre como día de descanso, aun cuando no es la fecha oficial del día festivo? ¿Quién autorizó la suspensión de estas actividades y quién responde por los derechohabientes que necesitan realizar sus trámites?
No se cuestiona el derecho de los trabajadores a sus descansos o vacaciones; lo que se cuestiona es que los servicios administrativos queden sin atención y que los usuarios sean quienes terminen pagando las consecuencias.
Si existe una disposición oficial que autorice la suspensión de labores este 15 de septiembre, sería importante que el IMSS la haga pública y explique bajo qué condiciones se está aplicando.
Mientras tanto, los derechohabientes se quedan con una pregunta que resume el malestar: ¿quién atiende al ciudadano cuando la burocracia decide no trabajar?
La sucursal de Santander en Ojinaga cerrará sus puertas y, de acuerdo con la información disponible, el próximo 30 de septiembre será el último día de atención presencial.
El cierre representa una afectación para los clientes que requieren realizar trámites directamente en sucursal, ya que posteriormente podrían tener que trasladarse a otras ciudades, como Chihuahua, para determinadas gestiones.
Se recomienda a los usuarios de Santander tomar las previsiones necesarias, consultar directamente con la institución bancaria sobre las opciones disponibles y, en caso de requerir atención presencial de manera frecuente, valorar alternativas bancarias en Ojinaga.
𝙊𝘽𝙄𝙏𝙐𝘼𝙍𝙄𝙊 A familiares y amistades del señor Isidoro Gardes Rivera les comunica su fallecimiento en la ciudad de Kermit Tx. Será trasladado a la ciudad de Ojinaga, después de avisará día y hora de los servicios funerarios.
MARFA, Texas (KOSA) – Una coalición de propietarios de tierras de Big Bend y Conserve Big Bend presentaron una demanda federal el lunes impugnando la autoridad legal que el Departamento de Seguridad Nacional está utilizando para acelerar la construcción del muro fronterizo y la infraestructura en toda la región.
La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, argumenta que el DHS no puede invocar sus poderes para acelerar la construcción de fronteras porque el sector de Big Bend no cumple con el estándar legal para ser considerado un área de «alta entrada ilegal».
Los demandantes anunciaron la demanda durante una conferencia de prensa en el Palacio de Justicia del Condado de Presidio en Marfa.
El eje central del caso es el artículo 102 de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996.
La ley otorga al secretario de Seguridad Nacional amplia autoridad para eximir del cumplimiento de las leyes federales y acelerar la construcción de barreras fronterizas, pero los demandantes afirman que dicha autoridad solo se aplica en áreas formalmente designadas como de alta entrada ilegal.
“El Congreso estableció explícitamente un requisito legal estricto para ese poder extraordinario: solo puede invocarse en áreas designadas con ‘alta tasa de entrada ilegal’”, dijo Clara Bensen, miembro de la junta directiva de Conserve Big Bend y directora de comunicaciones de la iniciativa No Big Bend Wall.
Los demandantes argumentan que las estadísticas federales demuestran que el sector de Big Bend no se acerca ni remotamente a cumplir con ese estándar.
Este sector se extiende a lo largo de unos 517 kilómetros por la frontera y, según la denuncia, ha registrado el menor número de detenciones de cualquier sector de la frontera suroeste cada año durante los últimos 53 años.
Las cifras de la CBP citadas en la demanda muestran que Big Bend representó el 1,16% de todas las detenciones a lo largo de la frontera suroeste entre los años fiscales 2021 y 2025.
Según la denuncia, las detenciones en el sector también disminuyeron un 74% entre los años fiscales 2023 y 2025, alcanzando el total anual más bajo desde el año fiscal 1963 y el total más bajo registrado por cualquier sector de la frontera suroeste desde el año fiscal 1967.
“Las propias estadísticas oficiales del gobierno cuentan la historia real”, dijo Bensen.
La demanda solicita al tribunal que declare ilegales las determinaciones del DHS sobre el «alto índice de entrada ilegal» en el sector de Big Bend y que las anule.
Los demandantes también solicitan medidas cautelares preliminares y permanentes que impidan la construcción hasta que el gobierno cumpla con la ley.
La demanda incluye reclamaciones en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo, alegaciones de que el gobierno excedió su autoridad legal y actuó de forma ultra vires, así como reclamaciones en virtud del debido proceso de la Quinta Enmienda y la Cláusula de Protección de Datos (Take Care Clause).
Entre los demandantes se encuentran Conserve Big Bend y seis propietarios de tierras: Charles L. Cecil IV, John Ferguson, David Keller, Nadine Pineda Mata, Joe Pineda y Leo Nunez Pineda.
Keller, arqueólogo regional, propietario de tierras y miembro de la junta directiva de Conserve Big Bend, dijo que la demanda surge tras más de un año de organización entre los propietarios de tierras desde Fort Quitman hasta la presa Amistad
Nuestra coalición incluye a 230 propietarios de tierras de toda la región, de los cuales más de 70 estuvieron dispuestos a actuar como demandantes en la demanda que se anuncia hoy”, dijo Keller.
Keller afirmó que la oposición de los propietarios de terrenos ya ha ralentizado la construcción.
“La gente se ha negado a conceder acuerdos de acceso. Los cronogramas de los estudios topográficos y de construcción llevan meses de retraso. Los contratistas han sido enviados a casa”, dijo.
Proyectos fronterizos ya en marcha
La demanda se presenta mientras la CBP avanza con cinco proyectos propuestos en Big Bend, que abarcan aproximadamente 600 millas desde el condado de Hudspeth hasta el condado de Val Verde.
Los planes contemplan un muro de bolardos de acero de 9 metros de altura, barreras para vehículos, caminos de patrulla, iluminación, cámaras y sensores.
Según la denuncia, aproximadamente el 65% del terreno dentro del área de influencia del proyecto es de propiedad privada.
Los contratos para los proyectos 1, 2 y 3 de Big Bend se adjudicaron el 5 de marzo de 2026, mientras que el contrato para el proyecto 5 se adjudicó el 2 de junio de 2026.
Ya han comenzado los trabajos de campo en los proyectos 1 y 3.
Muchos propietarios de terrenos afectados por los planes han recibido notificaciones de la CBP en las que se identifica su propiedad como terreno que la agencia podría necesitar para la construcción, el acceso, los estudios topográficos o las tasaciones.
Algunos también han recibido propuestas de acuerdos de derecho de entrada para la construcción que permitirían al gobierno acceder a su propiedad durante un máximo de tres años.
Los avisos indican que, si los propietarios no están de acuerdo, el asunto podría remitirse al Departamento de Justicia para su adquisición mediante expropiación forzosa.
La demanda se presenta tras una pausa temporal en las actividades de construcción en el Parque Nacional Big Bend.
El gobierno ha acordado prorrogar esa moratoria hasta el 30 de septiembre.
Esto se produce además tras meses de oposición bipartidista al proyecto por parte de terratenientes, funcionarios electos, ganaderos, empresarios y agentes del orden de toda la región.
Para los demandantes, la cuestión se reduce a si el gobierno federal puede utilizar una autoridad extraordinaria, destinada a zonas con altos niveles de entrada ilegal, para construir un muro fronterizo en una región donde las detenciones históricamente han sido de las más bajas en la frontera suroeste.
