En Chihuahua, la lealtad tiene fecha de caducidad. César Jáuregui lo descubrió este sábado, cuando la policía del gobierno que ayudó a construir lo detuvo en la capital. El hombre que operó la llegada de Maru Campos a Palacio, el fiscal que dio la cara cuando nadie más quería, terminó la noche con una acusación de traición a la patria cortesía de la FGR. Dos fiscalías que se odian, de pronto, de acuerdo en algo. Que alguien nos explique esa casualidad.

Porque el calendario es demasiado elocuente para ignorarlo. En abril, cuando murieron dos agentes estadounidenses en El Pinal, el gobierno estatal defendió el operativo con uñas y dientes frente a la Federación. Jáuregui renunció y lo despidieron como a un héroe caído. Seis meses después, el mismo operativo se volvió delito. ¿Qué pasó en medio? Muy sencillo: Jáuregui cometió el pecado imperdonable de querer ser alcalde sin la bendición de Palacio. Se negó a bajarse, presumió encuestas y esta semana dijo en video que nadie lo haría sentir fuera de lugar en su propia casa. Días después, la casa le cambió la chapa.

Si el operativo era ilegal, el gobierno lo supo desde abril y calló. Si no lo era, alguien está usando la Fiscalía para limpiar la cancha rumbo a 2027. Cualquiera de las dos respuestas es grave. Y no hay una tercera.

Lo más absurdo es el regalo que esto representa para Morena. Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez pueden sentarse a ver el espectáculo con palomitas. El PAN entregó a uno de sus cuadros históricos, le confirmó a Ernestina Godoy la narrativa que la Federación llevaba meses empujando y partió en dos a su militancia justo antes de la elección. Durante seis meses, el panismo gritó que el caso CIA era persecución política del centro. Hoy le sirvió el expediente en bandeja.

Desde Palacio dirán que la ley no distingue colores. Ojalá fuera cierto, y si hay pruebas, que Jáuregui responda ante un juez con la presunción de inocencia que le corresponde a cualquiera. Pero esa frase sería más creíble si la justicia no llegara, curiosamente, justo cuando el acusado se volvió incómodo.

Hoy cada panista con aspiraciones aprendió la lección: aquí se obedece o se cae. Y quien gobierna con miedo puede conseguir silencio, pero no lealtad. Esa factura llega, tarde o temprano, en las urnas.

Quien hoy firma la orden mañana puede necesitar a quien dejó tirado. En Chihuahua, la guerra apenas empieza, y el primer disparo salió de casa.

Les estalló en la cara: cae Jáuregui, cazan a Zuany y el PAN no sabe dónde esconderse.⚠️

Se les acabó el cuento. El hombre que en abril miró a Chihuahua a los ojos y nos dijo que los gringos muertos en la sierra eran «instructores», hoy duerme detenido. César Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal general del Estado, fue interceptado este sábado en la avenida La Cantera. Y su mano derecha, Guillermo Arturo Zuany Portillo, el de «Operaciones Estratégicas», es ahora el más buscado de la Fiscalía que él mismo ayudó a dirigir. Qué ironía: los cazadores convertidos en presa.

No olvidemos. En la madrugada del 19 de abril se desbarrancó un vehículo con cuatro hombres: Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la AEI; el agente Manuel Genaro Méndez Montes, y dos agentes de la CIA. Cuatro muertos. Y en lugar de la verdad, el gobierno de Chihuahua nos sirvió una telenovela: primero eran instructores, luego venían de un entrenamiento, luego se los encontraron en el camino y les dieron «aventón». Cada día una versión nueva. Cada versión, más ridícula que la anterior.

Mientras tanto, la Presidencia de la República decía que nadie le avisó. El Ejército mexicano, que participó en el operativo, ni siquiera sabía que tenía a la CIA a un lado. Piénsenlo bien: agentes de inteligencia extranjera operando en la sierra chihuahuense, del brazo de la policía estatal, a espaldas de los soldados mexicanos. ¿Cómo se llama eso en cualquier país que se respete? La ley es clarísima: ninguna agencia extranjera puede tratar directamente con un gobierno estatal. Aquí no solo trataron: viajaban juntos.

Y hoy, ¿de qué acusa el juez a Zuany? De falsedad ante autoridades. Mintió, según la acusación. Lo que todo Chihuahua sospechaba desde abril, ahora está en una orden de aprehensión.

Pero lo más escandaloso no es la caída de Jáuregui. Es quién lo tumbó. No fue Morena, no fue la FGR: fue la Fiscalía del propio gobierno de Maru Campos. El PAN se está comiendo a los suyos. Y cuando un partido empieza a entregar a sus propios hombres, no es por amor a la justicia: es por miedo. Miedo a que alguien hable. Miedo a que las preguntas suban por la escalera hasta llegar al segundo piso de Palacio de Gobierno.

Porque seamos serios: ¿alguien cree que el fiscal y el director de la AEI se pusieron a operar con la CIA por su cuenta, sin que la gobernadora lo supiera? ¿Así de fácil se mueve un convoy de 40 agentes con espías extranjeros, sin que nadie arriba lo autorice? O la gobernadora sabía, y entonces tiene que explicar. O no sabía, y entonces no gobierna. No hay tercera opción.

Entonces la pregunta que hoy retumba en todo Chihuahua es una sola: ¿con esto el PAN reconoce que le abrió la puerta a una potencia extranjera a espaldas de México? ¿Va a pedir perdón a la patria, o va a seguir lavándose las manos con la cabeza de su exfiscal?

El PAN que se llena la boca hablando de soberanía, de instituciones y de legalidad, hoy guarda un silencio de cementerio. Ni una disculpa a las familias de Oseguera y Méndez. Ni una explicación al pueblo. Nada.

Jáuregui y Zuany pueden ser los primeros. La pregunta es quién sigue. Chihuahua no quiere chivos expiatorios: quiere la verdad completa. Y la quiere ya.

Acusan a Jáuregui de dos delitos: ejercicio ilegal y coalición.

Un Juez de Control autorizó de manera oficial una orden de aprehensión en contra del exfiscal general del estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, quien es buscado por las autoridades tras ser acusado de haber cometido presuntos delitos durante su desempeño como funcionario público.

A Jáuregui Moreno lo acusa el Ministerio Público de dos presuntas conductas ilícitas clasificadas: ejercicio ilegal del servicio público y coalición, acusaciones que contemplan decisiones o acuerdos tomados al margen de la ley mientras se encontraba al frente de la corporación.

De acuerdo con el documento emitido por el Poder Judicial dentro de la causa penal 3055/2026, la Fiscalía presentó una serie de pruebas e investigaciones que llevaron al juzgador a determinar que existen elementos suficientes para ordenar su detención inmediata.

Con esta resolución, los agentes investigadores tienen la instrucción de arrestar al exfiscal y entregarle una copia del mandato judicial, para posteriormente presentarlo ante el juez y dar inicio al proceso legal donde se resolverá si se le vincula o no a proceso.

Código Penal del Estado:

CAPÍTULO II

EJERCICIO ILEGAL DEL SERVICIO PÚBLICO

Artículo 253.

Comete el delito de ejercicio ilegal del servicio público quien:

1. Ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión sin haber tomado posesión legítima, o quien lo designe sin satisfacer todos los requisitos legales.
2. Continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión después de saber que se ha revocado su nombramiento o que se le ha suspendido o destituido.
3. Ejerza un empleo, cargo o comisión encontrándose inhabilitado.
4. Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, altere, utilice o inutilice indebidamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión.
5. Teniendo obligación, por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie daño a las personas o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado; y
6. Teniendo un empleo, cargo o comisión en los establecimientos penitenciarios, facilite o fomente en los mismos la introducción, uso, consumo, posesión o comercio de bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas, así como de teléfonos celulares, radiolocalizadores o cualquier otro instrumento de comunicación radial o satelital para uso de los internos.

A quien cometa alguno de los delitos a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo, se le impondrán de uno a tres años de prisión y de veinticinco a doscientos cincuenta días multa.

quien cometa alguno de los delitos a que se refieren las fracciones IV, V y VI de este artículo, se le impondrán de dos a siete años de prisión y de cincuenta a quinientos días multa.

CAPÍTULO V

COALICIÓN

Artículo 260.

A los servidores públicos que, con el fin de impedir o suspender las funciones legislativas, administrativas o jurisdiccionales, se coaliguen y tomen medidas contrarias a una ley, reglamento o disposición de carácter general, impidan su aplicación o ejecución, o dimitan de sus puestos, se les impondrán de dos a siete años de prisión y de cien a trescientos días multa.

No cometen este delito los servidores públicos que se coaliguen en ejercicio de sus derechos constitucionales o que hagan uso del derecho de huelga.

Tiempo