Mientras los gobiernos federal y estatal mantienen diferencias políticas y se reparten responsabilidades, son los ciudadanos quienes pagan las consecuencias. Cada volcadura, choque o salida de camino representa familias afectadas, pérdidas económicas y, en muchos casos, vidas que pudieron haberse salvado con una infraestructura carretera en mejores condiciones y con mantenimiento oportuno.
El accidente registrado en el kilómetro 33 de la carretera Aldama-Ojinaga, donde una camioneta terminó volcada y un adulto mayor resultó lesionado, afortunadamente no terminó en tragedia. Sin embargo, no todos los percances tienen el mismo desenlace.
Es cierto que las autoridades señalaron como causas preliminares el exceso de velocidad y la falta de pericia del conductor. Pero también es válido preguntarse: ¿qué responsabilidad tienen los gobiernos cuando durante años se han denunciado las malas condiciones de estas carreteras? La seguridad vial no depende únicamente del comportamiento de los conductores; también requiere caminos en condiciones adecuadas, señalización suficiente y mantenimiento constante.
La ciudadanía no necesita más discursos ni confrontaciones políticas. Necesita carreteras seguras. La obligación de garantizar una infraestructura digna corresponde a las autoridades, sin importar el nivel de gobierno o el partido político.
Cuando las carreteras permanecen en malas condiciones durante años y los accidentes continúan ocurriendo, la exigencia ciudadana es clara: que los gobiernos asuman su responsabilidad, dejen de politizar los problemas y actúen antes de que otra familia tenga que lamentar una tragedia. La prevención debe ser una prioridad, no una promesa que llega después de cada accidente.
🎙BMRADIO
OJINAGA NOTICIAS 