La Administración Trump podrá reanudar las obras del proyecto al que se han opuesto ambientalistas, ganaderos y otros residentes de la región de ambos partidos.

La Corte Suprema permitió el lunes al presidente Donald Trump continuar con la construcción del muro fronterizo en la región de Big Bend, Texas —incluido el Parque Nacional Big Bend—, al suspender un fallo de un tribunal inferior que bloqueaba temporalmente dichas obras mientras se analizaba si la administración tenía la autoridad para eludir los requisitos medioambientales.

El tribunal resolvió el caso mediante una opinión sin firma. La jueza de tendencia progresista Ketanji Brown Jackson fue la única que expresó su disconformidad, aunque no explicó los motivos de su postura.

Los demandantes “sostienen que la construcción en el sector de Big Bend reducirá su capacidad para utilizar y disfrutar de la zona”, señaló el tribunal. Sin embargo, el Congreso promulgó la ley de tal manera que “refleja una clara preferencia por la construcción acelerada en la frontera frente a los perjuicios que alegan los demandantes”.

La administración busca agilizar la construcción de más de 300 millas (unos 482 kilómetros) de barrera fronteriza y carreteras en la región. Al amparo de una ley federal que faculta al gobierno para “eximir del cumplimiento de todos los requisitos legales” a fin de garantizar una construcción rápida en zonas de “alta incidencia de entradas ilegales”, el Departamento de Seguridad Nacional eludió normativas relativas a la preservación histórica, el medio ambiente y los vestigios arqueológicos de los nativos americanos que, en circunstancias normales, serían aplicables.

La decisión del Gobierno de levantar un muro en esta región provocó una oleada de críticas de grupos ambientalistas y residentes de la zona, quienes presentaron la demanda inicial para detener el proyecto.

El parque nacional Big Bend tiene más de 324.000 hectáreas de tierras protegidas a lo largo de la frontera con México, que albergan especies animales amenazadas, yacimientos arqueológicos y paisajes emblemáticos.

Las organizaciones conservacionistas demandantes presentaron su caso en abril y alegaron que el Gobierno de Trump había violado la Constitución al eximir las obras del cumplimiento de decenas de leyes para acelerar la construcción de barreras fronterizas.

En el fallo de este lunes, el Supremo argumenta que la orden del tribunal de instancia inferior que detuvo la construcción del muro impide al Gobierno avanzar en sus intereses “apremiantes” en materia de “seguridad e integridad” de la frontera.

“El interés del Gobierno pesa más que cualquier daño estético, recreativo y ambiental alegado por los demandantes”, sentenció el Supremo.

El Centro para la Diversidad Biológica, una de las organizaciones ambientalistas que presentaron la demanda contra el muro, rechazó de inmediato la decisión.

“El Gobierno de Trump y sus contratistas están empeñados en destruir uno de los mayores parques nacionales de Estados Unidos”, dijo Laiken Jordahl, activista del Centro, en un comunicado.

“(Los jueces) están dando el visto bueno a la destrucción permanente del lugar más salvaje de Texas y a que nos roben a todos un gran río estadounidense”, agregó.

El sector de Big Bend, que abarca 832 kilómetros de la frontera, es uno de los que menos cruces irregulares registran. En 2025 concentró apenas el 1,3 % de las detenciones en la frontera.