Ojinaga, Chihuahua. Más de un mes ha transcurrido desde que comenzó el conflicto en la escuela primaria Manuel Ojinaga #2178 en el Municipio de Ojinaga, sin que hasta el momento exista una solución que garantice la atención educativa de todos sus estudiantes. Lo que comenzó como una problemática relacionada con la dirección del plantel y la incorporación de una docente se ha convertido en una situación que evidencia la falta de respuestas oportunas por parte de las autoridades educativas y sindicales.
De acuerdo con los señalamientos de padres de familia y trabajadores de la educación, el conflicto se originó por presuntas irregularidades en el manejo de la dirección y por la llegada de una docente que, según las denuncias, tendría un vínculo personal con el director, y que a su vez habría tenido antecedentes laborales negativos en la institución donde trabajaba anteriormente. Pese a ello, y ya teniendo conocimiento de dicho movimiento, habría respaldado su incorporación a la primaria. Esta decisión, cuestionada por integrantes de la comunidad educativa, habría contribuido a profundizar el desacuerdo y a generar un ambiente de inconformidad que, hasta ahora, continúa sin resolverse.
Sin embargo, **las consecuencias más graves no recaen únicamente en quienes mantienen diferencias dentro de la escuela, sino en las niñas y los niños que llevan más de un mes sin contar con un docente frente a su grupo. Para padres de familia y maestros, la inconformidad no se limita a la llegada de una nueva docente, sino también a la forma en que se habría tomado la decisión.
La situación plantea interrogantes sobre los criterios utilizados para determinar su situación laboral y así tratar de que se incorporara al nuevo centro de trabajo, si los presentados por la docente sean realmente verídicos. También resulta necesario esclarecer si la decisión se tomó conforme a los procedimientos establecidos por las autoridades educativas y si existió alguna intervención que pudiera representar un conflicto de interés.
La comunidad escolar demanda que estos aspectos sean investigados, no para sustituir los procedimientos institucionales ni anticipar conclusiones, sino para conocer cómo se tomó una decisión que terminó desencadenando una crisis que afecta directamente a los estudiantes.
Ante toda esta situación, los docentes y padres de familia han expuesto sus inconformidades ante las instancias correspondientes e incluso han llegado al cierre de la escuela como medida de presión, buscando que las autoridades intervengan y garanticen el derecho de los estudiantes a recibir educación. No obstante, sus esfuerzos parecen haber chocado contra una pared de indiferencia. Las familias, que deberían encontrar en las instituciones educativas una respuesta efectiva a sus demandas, continúan esperando una solución mientras el tiempo transcurre y las afectaciones al proceso educativo se acumulan.
La pregunta resulta inevitable: *¿cuánto tiempo más deben esperar los estudiantes para que las autoridades cumplan con su responsabilidad de garantizarles un maestro?*
Uno de los señalamientos más preocupantes de esta situación es el que refiere que, al buscar atención por parte de la Secretaría de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua (SEyD), se les habría informado que no contaban con viáticos para trasladarse a Ojinaga y atender personalmente el conflicto, señalando incluso que el SNTE Sección 42 podría cubrir esos gastos.
De confirmarse esto,, la respuesta reflejaría una preocupante falta de prioridad institucional frente a una problemática que afecta directamente el derecho a la educación de un grupo de estudiantes.
¿Desde cuándo la falta de viáticos puede convertirse en un obstáculo para atender una situación que lleva más de un mes sin resolverse? ¿Acaso la distancia entre Chihuahua y Ojinaga justifica que una comunidad escolar permanezca sin respuestas?
La responsabilidad de las autoridades educativas no puede quedar supeditada a la disponibilidad de recursos para un traslado, ni la atención de un conflicto escolar debería depender de que otra institución cubra los gastos de una comisión.
Si las autoridades consideran indispensable una intervención presencial, corresponde encontrar los mecanismos administrativos necesarios para llevarla a cabo. Y si es posible atender el problema mediante otros procedimientos, también deben hacerlo con oportunidad y eficacia.
Cuando una comunidad escolar lleva más de un mes solicitando atención y no encuentra respuestas concretas, resulta legítimo cuestionar la eficacia de los mecanismos de representación y la disposición de quienes tienen la responsabilidad de intervenir.
Las familias no necesitan promesas ni explicaciones que prolonguen la espera. Necesitan una respuesta clara y, sobre todo, resultados.
Si existen irregularidades en la dirección del plantel, deben investigarse. Si la incorporación de una docente generó inconformidades, corresponde revisar los hechos, los antecedentes que se hayan señalado y determinar lo procedente conforme a la normativa aplicable. Y cabe mencionar que ante esto, los docentes han presentado en varios departamentos de Educación y en el propio Sindicato las pruebas necesarias que respaldan sus inconformidades con el desempeño del Director.
Ante la prolongación de este conflicto, resulta indispensable que las autoridades correspondientes informen públicamente:
- ¿Qué acciones concretas ha realizado la SEyD para garantizar que el grupo afectado cuente con un docente?
- ¿Qué gestiones ha llevado a cabo el SNTE Sección 42 y cuáles han sido sus resultados?
- ¿Se han revisado los antecedentes laborales que, según padres de familia y maestros, tendría la docente en otro plantel?
- ¿Qué información tenía el director sobre esos antecedentes al respaldar su incorporación?
- ¿Por qué se habría tomado la decisión sin consultar previamente a la comunidad escolar?
- ¿Se ha iniciado alguna revisión de los señalamientos relacionados con la dirección del plantel y la incorporación de la docente?
- ¿Qué medidas se implementarán para evitar que los estudiantes continúen perdiendo oportunidades de aprendizaje?
- ¿En qué fecha se garantizará una solución definitiva?
La comunidad escolar merece respuestas verificables, no evasivas. También merece conocer quiénes son responsables de atender cada aspecto del conflicto y cuáles son los plazos establecidos para hacerlo.
La falta de respuesta también deteriora la confianza en las instituciones encargadas de proteger y fortalecer la educación pública.
La comunidad de la escuela Manuel Ojinaga ya ha hecho su parte: ha denunciado, ha solicitado atención y ha buscado ser escuchada. Ahora corresponde a las autoridades demostrar que sus responsabilidades no terminan cuando reciben un oficio ni que la solución de un conflicto depende de quién puede pagar un maestro o no.
Y es necesario aclarar por último que todas las acciones realizadas por los docentes y padres de familia para evitar la incorporación de la docente y la continuidad del trabajo del Director no es por situaciones personales de ninguna parte, todo ha sido para asegurar el buen funcionamiento de la escuela, donde la responsabilidad, calidad y compromiso sea lo que prevalezca.
