Lo que comenzó como una exigencia de padres de familia para obtener respuestas ante situaciones que afectan a la comunidad escolar de la escuela Manuel Ojinaga, hoy parece tomar un rumbo diferente.

Primero fue la exigencia contra una maestra y ahora algunas voces solicitan la suspensión del director del plantel. Este cambio de postura ha generado inconformidad entre otros padres de familia, quienes consideran que el conflicto corre el riesgo de convertirse en una disputa personal, dejando en segundo plano los problemas que originalmente motivaron la manifestación.

La pregunta que empieza a surgir entre los propios padres es clara: ¿quién gana con la salida del director?

Algunos padres no necesariamente están defendiendo al director. Lo que cuestionan es que la comunidad escolar termine siendo rehén de intereses particulares y que las decisiones sobre la escuela se tomen bajo presión, sin una investigación imparcial que permita determinar responsabilidades.

También existe una exigencia legítima para que intervengan autoridades educativas externas a Ojinaga, precisamente para evitar que el conflicto siga creciendo dentro de la misma comunidad y para garantizar que cualquier investigación se realice con imparcialidad.

Porque el problema de fondo no debería ser quién gana o quién pierde una disputa entre adultos. El objetivo tendría que ser garantizar el bienestar de los alumnos, esclarecer los hechos y encontrar soluciones a los problemas que existen dentro de la escuela.

Cuando una manifestación cambia de exigir respuestas y soluciones a pedir la salida de determinadas personas, existe el riesgo de que el reclamo original se desvirtúe y termine convertido en una lucha de intereses.

Y aquí surge otra pregunta que las autoridades educativas deberían responder:

¿Por qué se esperó a que el conflicto creciera hasta llegar a manifestaciones, señalamientos y exigencias de suspensión, en lugar de escuchar oportunamente a los padres de familia y atender los problemas desde el principio?

Escuchar a tiempo puede evitar que una diferencia escolar se convierta en un conflicto mayor.

La autoridad educativa tiene la responsabilidad de investigar, escuchar a todas las partes y actuar con imparcialidad. Ni una maestra, ni un director, ni un grupo de padres deberían convertirse en el centro de una disputa donde los principales afectados terminen siendo los alumnos.

La pregunta ya no solamente es quién debe salir. La verdadera pregunta es: qué está pasando dentro de la escuela y quién va a garantizar que se encuentre una solución justa y de fondo.