Una nueva investigación periodística coloca bajo la lupa al Gobierno de Chihuahua por contratos millonarios otorgados a empresas automotrices vinculadas con los hijos del empresario Víctor Cruz Russek, esposo fallecido de la gobernadora Maru Campos.
De acuerdo con información publicada por SinEmbargo, desde 2023 y hasta la primera mitad de 2026, compañías relacionadas con la familia Cruz Fierro habrían recibido alrededor de 194 millones de pesos en contratos gubernamentales.
El monto incluye contratos obtenidos principalmente por Automotores Tokio y Tu Mejor Agencia Automotriz, empresas en las que participan los hijos de Cruz Russek. Según la investigación, entre 2023 y 2025 ambas compañías acumularon aproximadamente 174 millones de pesos en contratos con distintas dependencias estatales, mientras que durante los primeros meses de 2026 se sumaron otros 20.5 millones.
MAYO: 16.6 MILLONES EN UN SOLO MES
Uno de los puntos que más llama la atención se concentra en mayo de 2026, cuando Automotores Tokio, Tu Mejor Agencia Automotriz y Jidosha Internacional obtuvieron contratos por 16.6 millones de pesos para suministrar vehículos a diferentes organismos públicos.
Entre ellos destaca un contrato de 9.48 millones de pesos otorgado mediante licitación a Automotores Tokio para la adquisición de vehículos destinados a la Secretaría de Desarrollo Rural.
Días después, Tu Mejor Agencia Automotriz consiguió contratos por alrededor de 3.6 millones de pesos para suministrar vehículos a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y a la Comisión Estatal de Vivienda.
La investigación también documenta un episodio particularmente llamativo: en una licitación de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, Automotores Tokio y Jidosha Internacional empataron en la propuesta económica. El desempate terminó realizándose mediante un sorteo, en el que resultó ganadora Jidosha Internacional, empresa fundada por el padre de Víctor Cruz Russek.
EL DIF CHIHUAHUA TAMBIÉN APARECE
La relación contractual alcanza además al DIF Chihuahua, organismo encabezado por María Eugenia Galván Antillón, madre de la gobernadora.
En febrero de 2026, Automotores Tokio recibió un contrato por 2.4 millones de pesos para la adquisición de vehículos destinados a programas de alimentación y desarrollo comunitario.
La misma empresa ya había obtenido otro contrato del DIF en enero de 2023 por más de 1.1 millones de pesos.
LAS PROPIEDADES QUE COMPLETAN LA HISTORIA
La investigación no se limita a los contratos públicos. También señala que los tres hijos de Víctor Cruz Russek poseen propiedades dentro del mismo exclusivo fraccionamiento donde se encuentra la llamada “Mansión Dorada”.
Según el reporte, una de las propiedades fue adquirida por Mónica Patricia Cruz Fierro por 17.5 millones de pesos, mientras que otras dos fueron adquiridas por Víctor Manuel y Manuel Víctor Cruz Fierro por cantidades cercanas a los 30 millones de pesos cada una.
El conjunto de contratos, sociedades empresariales y operaciones inmobiliarias descritas en la investigación vuelve a colocar una pregunta incómoda sobre la mesa:
¿Existen interés personales en la asignación de contratos públicos a empresas vinculadas con la familia política de la gobernadora?
La información publicada documenta los contratos y vínculos empresariales, pero por sí misma no acredita la existencia de un delito o acto de corrupción. Correspondería a las autoridades competentes determinar si existieron irregularidades, conflicto de interés o violaciones a las normas de contratación pública.
La pregunta incómoda: ¿qué diría Maru Campos si esto lo hubiera hecho Morena?
Si un gobierno de Morena hubiera entregado 194 millones de pesos en contratos públicos a empresas vinculadas con la familia del esposo de la gobernadora, ¿cuál sería hoy la reacción de Maru Campos?
Seguramente habría conferencias de prensa, acusaciones, señalamientos de corrupción y discursos sobre tráfico de influencias y conflicto de interés. Habría exigencias de investigaciones inmediatas y la oposición estaría hablando todos los días del tema.
Pero cuando los contratos benefician a empresas vinculadas con la propia familia política de quien gobierna, entonces parece que la respuesta debe ser el silencio.
Eso es precisamente lo que vuelve este caso políticamente incómodo.
La investigación periodística publicada por SinEmbargo documenta contratos por alrededor de 194 millones de pesos, otorgados desde 2023 y hasta la primera mitad de 2026 a empresas relacionadas con los hijos de Víctor Cruz Russek, esposo fallecido de la gobernadora Maru Campos.
No se trata de afirmar, sin una resolución de autoridad competente, que exista un delito. La propia información debe analizarse con responsabilidad y respetando el debido proceso. Pero los montos, los vínculos familiares y las asignaciones de contratos públicos sí obligan a hacer preguntas.
¿Hubo conflicto de interés?
¿Existieron condiciones de igualdad para todos los participantes?
¿Quién revisó y autorizó estos procedimientos?
¿Puede garantizar el Gobierno del Estado que los vínculos familiares no influyeron, directa o indirectamente, en las contrataciones?
Y, sobre todo, ¿por qué la exigencia de transparencia parece cambiar dependiendo de quién esté involucrado?
Porque si hubiera sido Morena, seguramente ya estaríamos escuchando una campaña completa de acusaciones.
La corrupción no cambia de nombre según el partido. El posible conflicto de interés tampoco debería medirse con dos varas.
Cuando se trata de recursos públicos, no debe haber familiares intocables, empresas privilegiadas ni gobiernos que exijan transparencia a los demás mientras se resisten a explicar los negocios cercanos al poder.
La pregunta queda en el aire:
Si Morena hubiera hecho exactamente lo mismo, ¿Maru Campos estaría callada o ya estaría encabezando la denuncia?
La ciudadanía merece respuestas claras. Porque los 194 millones de pesos no son un asunto menor y, aunque la información por sí sola no acredita un delito, sí plantea suficientes cuestionamientos para exigir transparencia, explicaciones y, de ser necesario, una investigación independiente.
La congruencia se demuestra cuando las reglas se aplican igual para todos, incluso cuando los señalados están cerca del poder.
