El Tribunal Supremo de Justicia se pronunció a favor del estado de Texas permitiéndole la entrada en vigor de una ley que permite a la Policía detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar de forma irregular a Estados Unidos.

La legislación, conocida como SB4, podrá entrar en vigor mientras se escuchan los argumentos de una demanda entablada por el Gobierno del presidente Joe Biden y organizaciones defensoras de los migrantes.

El caso llegó al máximo tribunal después de una batalla legal emprendida por la Administración Biden y defensores de los inmigrantes encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que alegan que la iniciativa es inconstitucional.

Los demandantes habían pedido al Supremo que detuviera la implementación de la medida mientras se dirimía el caso en el Quinto Circuito de Apelaciones. El lunes, el juez Samuel Alito había bloqueado la ley de forma indefinida a espera que el pleno votará sobre esta solicitud.

Este martes los seis jueces conservadores votaron a favor de Texas, permitiendo que la ley entre en efecto mientras se da un fallo final en el caso.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, aplaudió en un mensaje en X la decisión del alto tribunal. “Texas ha derrotado las mociones de emergencia de la Administración Biden y la ACLU”, y subrayó que la ley ya está en vigor.

La ley, una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, convierte en delito menor el que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.

La iniciativa también permite que la Justicia estatal ordene la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.

Inicialmente, la medida promovida por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, debía entrar en vigor el pasado 5 de marzo, pero un juez federal se puso del lado de los demandantes y la prohibió.

El fiscal de Texas, Ken Paxton, llevó la pelea al Quinto Circuito de Apelaciones donde obtuvo respaldo, por lo que los demandantes acudieron al Supremo para evitar que entrara en vigencia la ley pidiendo una moción de emergencia, que finalmente fue negada.

Anand Balakrishnan, abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, calificó la decisión de este martes como “decepcionante”.

El abogado añadió en un comunicado que la ley “amenaza la integridad de las leyes de inmigración de nuestra nación y los principios fundamentales del debido proceso” por lo que seguirán luchando hasta derrotarla.