Tras recibir señalamientos de derechohabientes sobre una presunta suspensión anticipada de labores en el IMSS de Ojinaga, se acudió directamente a las instalaciones para comprobar la situación.
Durante la visita se constató que Germán, encargado del pago de viáticos, no se encontraba disponible, por lo que los derechohabientes que acudieron a realizar este trámite no pudieron recibir el pago correspondiente.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, el personal de guardia únicamente estaba anotando a los beneficiarios para que pudieran abordar el camión programado para este 16 de septiembre.
La situación ocurre mientras el administrador del IMSS, Eduardo Ramírez, se encuentra de vacaciones, y surge el cuestionamiento sobre quién está encargado de garantizar que los servicios administrativos continúen funcionando durante estas fechas.
La pregunta es directa: ¿los trabajadores tienen derecho a tomar el 15 de septiembre como día de descanso, aun cuando no es la fecha oficial del día festivo? ¿Quién autorizó la suspensión de estas actividades y quién responde por los derechohabientes que necesitan realizar sus trámites?
No se cuestiona el derecho de los trabajadores a sus descansos o vacaciones; lo que se cuestiona es que los servicios administrativos queden sin atención y que los usuarios sean quienes terminen pagando las consecuencias.
Si existe una disposición oficial que autorice la suspensión de labores este 15 de septiembre, sería importante que el IMSS la haga pública y explique bajo qué condiciones se está aplicando.
Mientras tanto, los derechohabientes se quedan con una pregunta que resume el malestar: ¿quién atiende al ciudadano cuando la burocracia decide no trabajar?
La sucursal de Santander en Ojinaga cerrará sus puertas y, de acuerdo con la información disponible, el próximo 30 de septiembre será el último día de atención presencial.
El cierre representa una afectación para los clientes que requieren realizar trámites directamente en sucursal, ya que posteriormente podrían tener que trasladarse a otras ciudades, como Chihuahua, para determinadas gestiones.
Se recomienda a los usuarios de Santander tomar las previsiones necesarias, consultar directamente con la institución bancaria sobre las opciones disponibles y, en caso de requerir atención presencial de manera frecuente, valorar alternativas bancarias en Ojinaga.
𝙊𝘽𝙄𝙏𝙐𝘼𝙍𝙄𝙊 A familiares y amistades del señor Isidoro Gardes Rivera les comunica su fallecimiento en la ciudad de Kermit Tx. Será trasladado a la ciudad de Ojinaga, después de avisará día y hora de los servicios funerarios.
MARFA, Texas (KOSA) – Una coalición de propietarios de tierras de Big Bend y Conserve Big Bend presentaron una demanda federal el lunes impugnando la autoridad legal que el Departamento de Seguridad Nacional está utilizando para acelerar la construcción del muro fronterizo y la infraestructura en toda la región.
La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, argumenta que el DHS no puede invocar sus poderes para acelerar la construcción de fronteras porque el sector de Big Bend no cumple con el estándar legal para ser considerado un área de «alta entrada ilegal».
Los demandantes anunciaron la demanda durante una conferencia de prensa en el Palacio de Justicia del Condado de Presidio en Marfa.
El eje central del caso es el artículo 102 de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996.
La ley otorga al secretario de Seguridad Nacional amplia autoridad para eximir del cumplimiento de las leyes federales y acelerar la construcción de barreras fronterizas, pero los demandantes afirman que dicha autoridad solo se aplica en áreas formalmente designadas como de alta entrada ilegal.
“El Congreso estableció explícitamente un requisito legal estricto para ese poder extraordinario: solo puede invocarse en áreas designadas con ‘alta tasa de entrada ilegal’”, dijo Clara Bensen, miembro de la junta directiva de Conserve Big Bend y directora de comunicaciones de la iniciativa No Big Bend Wall.
Los demandantes argumentan que las estadísticas federales demuestran que el sector de Big Bend no se acerca ni remotamente a cumplir con ese estándar.
Este sector se extiende a lo largo de unos 517 kilómetros por la frontera y, según la denuncia, ha registrado el menor número de detenciones de cualquier sector de la frontera suroeste cada año durante los últimos 53 años.
Las cifras de la CBP citadas en la demanda muestran que Big Bend representó el 1,16% de todas las detenciones a lo largo de la frontera suroeste entre los años fiscales 2021 y 2025.
Según la denuncia, las detenciones en el sector también disminuyeron un 74% entre los años fiscales 2023 y 2025, alcanzando el total anual más bajo desde el año fiscal 1963 y el total más bajo registrado por cualquier sector de la frontera suroeste desde el año fiscal 1967.
“Las propias estadísticas oficiales del gobierno cuentan la historia real”, dijo Bensen.
La demanda solicita al tribunal que declare ilegales las determinaciones del DHS sobre el «alto índice de entrada ilegal» en el sector de Big Bend y que las anule.
Los demandantes también solicitan medidas cautelares preliminares y permanentes que impidan la construcción hasta que el gobierno cumpla con la ley.
La demanda incluye reclamaciones en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo, alegaciones de que el gobierno excedió su autoridad legal y actuó de forma ultra vires, así como reclamaciones en virtud del debido proceso de la Quinta Enmienda y la Cláusula de Protección de Datos (Take Care Clause).
Entre los demandantes se encuentran Conserve Big Bend y seis propietarios de tierras: Charles L. Cecil IV, John Ferguson, David Keller, Nadine Pineda Mata, Joe Pineda y Leo Nunez Pineda.
Keller, arqueólogo regional, propietario de tierras y miembro de la junta directiva de Conserve Big Bend, dijo que la demanda surge tras más de un año de organización entre los propietarios de tierras desde Fort Quitman hasta la presa Amistad
Nuestra coalición incluye a 230 propietarios de tierras de toda la región, de los cuales más de 70 estuvieron dispuestos a actuar como demandantes en la demanda que se anuncia hoy”, dijo Keller.
Keller afirmó que la oposición de los propietarios de terrenos ya ha ralentizado la construcción.
“La gente se ha negado a conceder acuerdos de acceso. Los cronogramas de los estudios topográficos y de construcción llevan meses de retraso. Los contratistas han sido enviados a casa”, dijo.
Proyectos fronterizos ya en marcha
La demanda se presenta mientras la CBP avanza con cinco proyectos propuestos en Big Bend, que abarcan aproximadamente 600 millas desde el condado de Hudspeth hasta el condado de Val Verde.
Los planes contemplan un muro de bolardos de acero de 9 metros de altura, barreras para vehículos, caminos de patrulla, iluminación, cámaras y sensores.
Según la denuncia, aproximadamente el 65% del terreno dentro del área de influencia del proyecto es de propiedad privada.
Los contratos para los proyectos 1, 2 y 3 de Big Bend se adjudicaron el 5 de marzo de 2026, mientras que el contrato para el proyecto 5 se adjudicó el 2 de junio de 2026.
Ya han comenzado los trabajos de campo en los proyectos 1 y 3.
Muchos propietarios de terrenos afectados por los planes han recibido notificaciones de la CBP en las que se identifica su propiedad como terreno que la agencia podría necesitar para la construcción, el acceso, los estudios topográficos o las tasaciones.
Algunos también han recibido propuestas de acuerdos de derecho de entrada para la construcción que permitirían al gobierno acceder a su propiedad durante un máximo de tres años.
Los avisos indican que, si los propietarios no están de acuerdo, el asunto podría remitirse al Departamento de Justicia para su adquisición mediante expropiación forzosa.
La demanda se presenta tras una pausa temporal en las actividades de construcción en el Parque Nacional Big Bend.
El gobierno ha acordado prorrogar esa moratoria hasta el 30 de septiembre.
Esto se produce además tras meses de oposición bipartidista al proyecto por parte de terratenientes, funcionarios electos, ganaderos, empresarios y agentes del orden de toda la región.
Para los demandantes, la cuestión se reduce a si el gobierno federal puede utilizar una autoridad extraordinaria, destinada a zonas con altos niveles de entrada ilegal, para construir un muro fronterizo en una región donde las detenciones históricamente han sido de las más bajas en la frontera suroeste.
Chihuahua.— “Vamos a ir por los responsables hasta donde estén”, afirmó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, al referirse al ataque armado contra un helicóptero de la corporación registrado durante el pasado fin de semana en la zona de Ojinaga.
El funcionario señaló que la aeronave realizaba labores de reconocimiento en las inmediaciones del Rancho La Aurora, cuando los elementos detectaron a un grupo de sujetos armados que se desplazaba por una brecha.
Durante el operativo aéreo, los agentes fueron sorprendidos por disparos provenientes de un cerro cercano. De acuerdo con las primeras investigaciones, los agresores aparentemente vigilaban desde ese punto el desplazamiento del helicóptero y esperaron el momento para abrir fuego.
La aeronave recibió al menos 24 impactos de bala, mientras que un observador que participaba en las labores de vigilancia resultó lesionado.
Loya sostuvo que la agresión no quedará impune y afirmó que las corporaciones de seguridad continuarán con las investigaciones y acciones necesarias para localizar a quienes participaron en el ataque.
“Vamos a ir por los responsables hasta donde estén”, reiteró el titular de la SSPE.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer la identidad de los agresores, su posible vínculo con algún grupo delictivo y determinar con precisión las circunstancias en que ocurrió el ataque.
CARECE DE BLINDAJE HELICÓPTERO ATACADO⚠️
Suboficial que resultó herido se encuentra estable.
Chihuahua— La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) indicó que el helicóptero que fue atacado en la región de Ojinaga no cuenta con algún blindaje especial; además, señaló estar a la espera de conocer los resultados de las pruebas de balística.
“Con relación al reporte balístico de los impactos que recibió el helicóptero, que no cuenta con blindaje o protección especial, actualmente personal especializado de la FGE realiza los trabajos correspondientes para el peritaje de los hechos”, indicó la dependencia a través de su área de Comunicación Social.
Precisó que actualmente el suboficial que resultó herido se encuentra estable y con una evolución favorable en su salud. “De acuerdo al reporte médico, la mañana de este domingo ya despertó y continúa bajo atención médica especializada, en terapia intensiva y con vigilancia permanente”, precisó.
Recalcó que la SSPE mantiene el acompañamiento a sus familiares y el seguimiento puntual de su estado de salud, en coordinación con el personal médico.
Según la información difundida por la dependencia el día de la agresión, esta ocurrió al ser aplicada una de las estrategias de seguridad desplegadas, contra la delincuencia organizada, en la que la aeronave realizaba labores de vigilancia en la zona de Coyame–Ojinaga.
De acuerdo con la información preliminar, un elemento que se desempeña como el observador aéreo recibió una lesión producida por proyectil de arma de fuego, por lo que fue trasladado de manera inmediata a un hospital de la ciudad para recibir atención médica especializada. La herida fue en el área de la cabeza, pero no han sido precisadas las lesiones, solamente que requirió ser operado.
Añadió que desde el ataque la Secretaría mantiene un despliegue operativo en la región para reforzar la seguridad, atender los hechos y dar seguimiento a la localización de los responsables de esta agresión.
A pesar de que la aeronave recibió impactos de arma de fuego, estos no afectaron su funcionamiento, porque pudo seguir en operaciones y logró llegar al aeropuerto Roberto Fierro de la capital del estado.
El secretario de la SSPE, Gilberto Loya Chávez, calificó la agresión como acto “terrorista” contra la corporación.
Hicieron blanco 24 balas en el “boludo” de la SSPE
Fueron 24 balas de las disparadas por los malandros las que alcanzaron al helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) el sábado pasado, una de las cuales hirió al observador aéreo.
El ataque ocurrió cuando la aeronave sobrevolaba entre Coyame y Ojinaga, cerca de la frontera con Estados Unidos.
El herido, fue Edgar C. J., de 26 años de edad, quien recibió un balazo en la cabeza y permanece internado en un hospital privado, en condición grave, pero estable.
Por el momento se desconoce el monto de los daños causados por las balas al helicóptero, el cual no es propiedad de la SSPE, solo lo tiene rentado, por lo que la afectación, supuestamente, no será pagada por el Gobierno del Estado
Para ti Maestro, Educadora a todos los Docentes👇 Estamos cansados de las irregularidades! Te pedimos de la manera más respetuosa que te acuerdes del compromiso que hiciste al graduarte el de «dar prioridad al bienestar de los niños y niñas, tanto en enseñanza como en físicamente que haya seguridad.» Todos los padres de familia ponen en tus manos lo más preciado y valioso que tienen a sus hijos, desde el momento que llegan a la puerta de la escuela, es tu RESPONSABILIDAD Y TE ENTREGAMOS TODA NUESTRA CONFIANZA!. Lamentablemente en algunas escuelas que últimamente han sido el centro de atención, como lo es también el «JARDÍN DE NIÑOS ALFONSO ADAME LUJÁN» dónde hay DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA 2 GRUPOS de pequeños son atendidos por 1 SOLA EDUCADORA lo que pone en PELIGRO el desarrollo y aprendizaje correcto de los niños, incrementa exponencialmente el riesgo de accidentes, omisión de cuidados o situaciones de peligro. Cuando se esperaría que se garantizara la seguridad y atención pedagógica. Pedimos se intervenga pronto y se resuelva está situación.
El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, presentó una serie de acciones de seguridad implementadas en el corredor que comprende del municipio de Aldama hasta el municipio de Ojinaga, esto luego de que se presentó una agresión armada el pasado sábado contra una de las aeronaves de la corporación, donde uno de los elementos resultó con herida por arma de fuego.
Durante la rueda de prensa, el Secretario dio a conocer que el suboficial, quien fuera víctima de la agresión, actualmente continúa bajo atención médica y seguimiento especializado, sin embargo, se encuentra fuera de peligro.
Asimismo, desde que inició la emergencia, el personal que conforma el Sistema de Intervención Temprana (SIT) de inmediato se puso a disposición de la familia del elemento para brindar apoyo, acompañamiento y contención.
Posteriormente, Gilberto Loya señaló que al tiempo en que se atendía la emergencia, la SSPE desplegó un operativo interinstitucional en la región, donde participaron Policías Estatales y personal de la Agencia Estatal de Investigación, quienes se desplegaron principalmente en Ojinaga, Manuel Benavides, así como El Paso de San Antonio.
Al operativo se sumaron elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa. Posteriormente, el personal de la SSPE reportó los primeros resultados en la región: la localización e inhabilitación de un campamento donde se encontraron cámaras, equipo de internet satelital, paneles solares, baterías y equipo para labores de presunto “halconeo”, además, en continuidad al despliegue, los elementos aseguraron un vehículo Nissan, Titán que presentaba reporte de robo en los Estados Unidos, además de diversos cartuchos útiles y un chaleco táctico.
En otra intervención paralela, los policías del estado arrestaron a un hombre de nombre Damasio T. F., quien se encontraba en presunta posesión de un vehículo Ford Lobo con reporte de robo, además de un arma de fuego larga y diversos cartuchos útiles.
Todo lo anterior fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público para su debida investigación.
Cabe señalar que desde 2024 a la fecha se han realizado una serie de operativos y acciones permanentes para disuadir la conducta delictiva en esta región. Como resultado se ha llevado a cabo el arresto de 148 presuntos delincuentes, se han asegurado 215 armas de fuego, así como 60 mil 500 cartuchos útiles, 933 cargadores y 5 explosivos.
Asimismo, en el combate a las drogas se aseguraron 273 mil dosis de marihuana, 8 mil 240 dosis de cristal, además de 820 dosis de cocaína. Por otro lado, se han asegurado en la región más de 28 mil litros de combustible, 177 vehículos y se han desmantelado 22 campamentos o parapetos del crimen organizado.
Estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad implementada para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía; asimismo, a través de los operativos implementados, continuaremos hasta dar con los responsables de tan cobarde atentado.
Con profundo respeto, recordamos la vida de Agricola (Lica) Uranga de Galindo, quien nació el 17 de marzo de 1947 y falleció el 2 de septiembre de 2026, a los 79 años. Agricola fue una mujer amada, cuya presencia dejó una huella serena y perdurable en quienes tuvieron el privilegio de conocerla.
Originaria de rancho el tubo, municipio de Manuel Benavides, desde hace varios años Agricola radicaba en Edinburg, Texas y será recordada por la compasión que ofrecía con naturalidad, por su entrega constante a los suyos y por una fidelidad firme que se reflejaba en su manera de vivir y de acompañar. En su trato se encontraba una gentileza sincera, y en sus palabras una consideración cuidadosa que hacía sentir a los demás escuchados y valorados.
Su generosidad no buscaba reconocimiento; se manifestaba en gestos discretos y oportunos, nacidos de un corazón bondadoso. Con paciencia y ternura, Lica supo sostener, alentar y dar consuelo, mostrando una lealtad inquebrantable y una devoción profunda que inspiraban confianza y gratitud.
Que su memoria permanezca como un testimonio de amor, fe y servicio, y que quienes la lloran encuentren consuelo al recordar la vida de Agricola y el bien que sembró con su ejemplo.
Le sobrevive con profundo dolor su amado esposo, Abelardo Galindo; sus 10 hijos, Zulema Galindo, Vilma Galindo, Emma Galindo, Jose Juan Galindo, Ana (Miguel Angel) Rodriguez, Marco (Nereida) Galindo, Maria Magdalena (Rogelio) Rosales, Teresa (Rene) Hernandez, Elias (Carmen) Galindo, Noemi (Rodrigo) Rodriguez; numerosos nietos, bisnietos, y demas familiares
OJINAGA, CHIHUAHUA.— Alrededor de 50 patrullas de la Policía Del Estado acaban de arribar a esta ciudad de Ojinaga hace unos momentos.
Esto después de unas horas de haberse suicitado un ataque a balazos en Coyame en donde quedo herido uno de los tripulantes de un helicóptero que patrulla el lugar.
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