Elementos de la Policía de Despliegue de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizaron la detención de Luis Enrique H. G. y Juan Manuel S. R., a quienes se les aseguraron dos armas de fuego, en el municipio de Ojinaga.

Los hechos ocurrieron durante la tarde en la colonia Lindavista, cuando los agentes realizaban recorridos de seguridad y vigilancia, y detectaron un vehículo Pontiac que circulaba a exceso de velocidad y realizaba maniobras peligrosas.

Ante dicha conducta, los policías intentaron realizar la intervención correspondiente; sin embargo, el conductor aceleró y emprendió la huida, poniendo en riesgo a peatones y a otros automovilistas. Durante la persecución, los sujetos arrojaron ponchallantas desde el vehículo para intentar evadir a la autoridad.

La persecución concluyó cuando los tripulantes perdieron el control del automóvil y se impactaron contra un camellón, tras lo cual descendieron del vehículo e intentaron huir de manera pedestre, sin éxito, ya que fueron alcanzados de inmediato por los elementos policiales.

Al realizarles una inspección, se les aseguraron dos armas de fuego tipo pistola, así como dos cargadores, cada uno abastecido con 16 cartuchos útiles. Además en el vehículo se localizaron diversos ponchallantas.

Los detenidos, el vehículo y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, a fin de continuar con las investigaciones correspondientes.

Este hecho reflejó la efectividad y preparación de los elementos de la Policía de Despliegue, quienes aplicaron los protocolos operativos adecuados para lograr la detención de dos presuntos generadores de violencia, como parte de la estrategia de Seguridad Pública impulsada por Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.

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La seguridad pública no solamente se mide en operativos o presencia policiaca, también se mide en confianza. Cuando surgen este tipo de señalamientos, la credibilidad institucional se pone en riesgo y el trabajo de quienes sí cumplen con su deber queda empañado.

Aquí es donde surge el cuestionamiento hacia el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya. Su responsabilidad no solo es implementar estrategias contra la delincuencia, también garantizar que los elementos bajo su mando actúen con legalidad, profesionalismo y respeto a los derechos ciudadanos. Ignorar o minimizar este tipo de reportes podría debilitar la percepción de seguridad que tanto se busca construir.

La ciudadanía no pide privilegios, exige transparencia, supervisión real y mecanismos claros para denunciar abusos. Si se quiere fortalecer la seguridad, primero debe fortalecerse la confianza entre autoridad y sociedad.