El pleno del Senado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, con el propósito de que integrantes de empresas públicas y órganos autónomos como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Centro Nacional de Inteligencia, e incluso, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puedan portar armas.

Sin discusión y con 100 votos a favor se avaló el dictamen que fue turnado al Ejecutivo Federal donde se argumenta que “en México es prioridad la seguridad de las áreas estratégicas y la seguridad pública”.

“Por ello, en esta iniciativa se propone que integrantes de empresas públicas paraestatales, órganos autónomos, entre otras CFE, Pemex, Banco de México, Casa de Moneda, CNI, SAT y personas físicas o morales puedan portar armas de fuego para el desarrollo de sus funciones de seguridad que emita la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos”.

La reforma al artículo 24, fracción II de la ley se plantea que “puedan portar armas de fuego, en los casos y con las condiciones y requisitos que establecen la misma y su reglamento, los integrantes de los organismos que, por sus funciones de carácter público, justifiquen su necesidad”.

Asimismo, la reforma impulsada en su momento por el entonces presidente López Obrador expone incluye aumentar los tipos de calibre de armas y municiones que son consideradas como exclusivas de las Fuerzas Armadas, así como de las armas accionadas por gas o aire comprimido, e incluso, regular el transporte de las armas que utilicen competidores olímpicos entre sus domicilios y los campos de tiro, que también serán sujetos a regulación.

Se establece un control más estricto de las armas de fuego en posesión de particulares, quien tenga deberá designar a una persona que asuma la responsabilidad del arma, en caso de fallecimiento del titular o en ausencia declarada.

La diputada de Puebla, Graciela Palomares Ramírez, propuso una iniciativa que contempla que sea obligatorio que el apellido materno vaya primero en el acta de nacimiento, reformando así el Código Civil de esa entidad.

El objetivo de esta propuesta es promover la igualdad de género y reconocer la importancia de papel de las madres en la formación de las y los hijos. La diputada aseguró que si se aprueba, establecerá un precedente significativo en la legislación estatal y podría motivar reformas similares en otras partes del país.

Es importante recalcar que de ser aprobada, solo sería en el estado de Puebla; sin embargo, en todo México es posible registrar a un bebé con el apellido materno en primer lugar, siempre y cuando así lo quieran los padres.

Pero ahí no para la cosa, como la criatura de Dios se quedó sin dinero para ponerle gasolina a su camioneta Teramont blindada de 2.5 millones, fue con su amiga y vecina en la colonia roma, la jueza Blanca Lobo, para pedirle un amparo y exigir al gobierno la devolución de 1.3 millones que pagó en impuestos por la compra antes mencionada, amparo que obviamente le concedió, seguramente a cambio de algunos terrenitos en el cielo (o en su natal Durango, donde es dueño de decenas de casas, terrenos y ranchos).

Así resolvió su problema de pago de impuestos este angelito, para demostrar una vez más, la necesidad de cambiar a los jueces y magistrados en las próximas elecciones del poder Judicial.

Información de Tello Ponce de León.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen de reforma para que meseros, empleados hoteleros, despachadores de combustible, vendedores en estadios, los conocidos “cerillitos”, entre otros, tengan acceso a un salario base.

Este martes, la Cámara de Diputados aprobó que meseros y “cerillitos” ganen al menos un salario mínimo.

La propuesta fue hecha por el legislador morenista Pedro Haces Barba, que establece que el salario mínimo no será reemplazado por propinas o algún tipo de gratiicación voluntaria para las personas trabajadoras.

Entre las personas que tendrán un salario base se encuentran los “cerillitos”, mismos que son encargados de ayudar a empacar las bolsas de mandado en los supermercados y que a pesar de los años, nunca han recibido un salario mínimo.

La iniciativa decreta que los trabajadores deberán recibir un salario que en ningún caso podrá ser menor al mínimo o al mínimo profesional vigente, ni ser sustituido ni compensado mediante comisiones, propinas o cualquier forma de contraprestación