La Fiscalía General de la República tiene en la mira al gobernador de Nuevo León, Samuel García, por presunto lavado de dinero.

A Samuel García , la FGR lo acusa de lavado de dinero y desvío de recursos públicos a través de un despacho de abogados de su familia.

La empresa a través de la cual habrían armado una estructura financiera en el despacho “Firma Jurídica y Fiscal S.C”, para captar recursos del erario y beneficiar a la familia.

Según las investigaciones Samuel encabeza la estructura que maneja dinero proveniente de cuatro fuentes del gobierno del estado, los cuales se captan en el despacho de abogados fiscales.

Los principales accionistas del despacho son el medio hermano del gobernador Samuel Orlando García Villarreal y su padre Samuel Orlando García Mascorro.

Fue “El Financiero” quien publicó como habrían operado para el desvío de recursos:

“Primero, el gobierno del estado pagó a Suministro MYR, S.A. de C.V., 964 millones 789 mil 526.75 pesos; a su vez, Suministros MYR, S.A. de C.V., pagó 237 millones 207 mil 724.53 pesos a la empresa Proveedor de Productos Mexicanos JACE S.A. DE C.V., y Proveedor de Productos Mexicanos JACE S.A. de C.V. pagó a la firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C. 203 millones 807 mil 724.52 pesos.

Segundo, su gobierno pagó a Txat Latam, S.A.P.I. DE C.V. 243 millones 420 mil 751.84 pesos; en seguida, Txat Latam , S.A.P.I. DE C.V. pagó 65 millones 510 mil 653.17 pesos a FERRO & MENDEZ, S.C. y, a su vez, FERRO & MENDEZ, S.C. pagó a la firma Jurídica y Fiscal Abogados, S.C. 62 millones 966 mil 958.79 pesos.

Tercero, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad del Gobierno estatal pagó a Infraestructura y Construcciones de Nuevo León, S.A. de C.V., 5 mil 851 millones de pesos; en seguida, Infraestructura y Construcciones de Nuevo León, S.A. de C.V., pagó a Corporación Transnacional de Inversiones S.A. de C.V., 5 mil 154 millones 640 mil 615.26 pesos, y la empresa Corporación Transnacional de Inversiones S.A. de C.V. pagó al despacho Jurídica y Fiscal Abogados, S.C. $385 millones 373 mil 689 (en una primera exhibición efectivo) y $700 millones (en otra exhibición).

Cuarto, Acueducto El Cuchillo y el Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos de Nuevo León pagaron a BEMASE, S.A. de C.V. 154 millones 208 mil 356.41 pesos; luego esta firma BEMASE, S.A. de C.V., pagó a North American Heavy y Equipment, S.A. de C.V. 144 millones 472 mil 800 pesos, y después North American Heavy Equipment S.A. de C.V. pagó al despacho Jurídica y Fiscal Abogados S.C., 77 millones 36 mil 410 pesos”.

El senador Enrique Inzunza Cázarez, quien fue secretario General del Gobierno de Sinaloa con Rocha, exigió ayer sanciones a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos; y el exfiscal chihuahuense César Jáuregui; hoy, es acusado de narcotráfico por la fiscalía de Estados Unidos.

Hoy, 29 de abril, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), a través de la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York, emitió un comunicado anunciando “cargos por tráfico de drogas y ofensas relacionadas a armas” en contra de diez políticos mexicanos.

El fiscal de Distrito Sur en Nueva York, Jay Clayton; y el titular de la DEA, Terrance C. Cole, “anunciaron hoy la desclasificación de una acusación formal” contra “Rubén Rocha Moya (gobernador de Sinaloa), Enrique Inunza Cázarez” y otros ocho funcionarios o exfuncionarios de Sinaloa.

¿Quién es Enrique Inzunza?
Enrique Inunza Cázarez es senador de Morena, de mayoría relativa, representando ale estado de Sinaloa desde 2024.

De 2021 hasta el 2024 fue el secretario general de Gobierno de Sinaloa en la actual administración de Rubén Rocha Moya.

¿De qué acusan a Enrique Inzunza Cázarez?

Por su participación en el gobierno sinaloense es que están acusando al senador Inzunza de posibles delitos de tráfico de drogas y sobre manejo de armas.

La propia fiscalía estadounidense destaca que “todos son o fueron altos funcionarios de gobierno o de corporaciones de seguridad en el estado mexicano de Sinaloa”, además de mencionar que “todos presuntamente han colaborado con el Cártel de Sinaloa”.

Es señalado como “senador mexicano y exsecretario general de Sinaloa”.

Los acusan de los delitos:

•Conspiración para importar drogas.
•Posesión de ametralladoras (armas largas) y dispositivos destructivos.
•Conspiración para poseer de ametralladoras (armas largas) y dispositivos destructivos.
•Podría enfrentar como penas máxima prisión de por vida, y como mínimo 40 años de prisión si fuera encontrado culpable.

Le “echó a Maru
El sinaloense Inzunza participó ayer en el debate en el Senado, exigiendo sanciones para la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván; y el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, acusándolos de vulnerar la Constitución.

Esto ocurrió derivado a la muerte de dos agentes de Estados Unidos en la Sierra Tarahumara, que viajaban con el director y un elemento de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía chihuahuense que también perdieron la vida.

Dijo Inzunza:

«Las violaciones a estos principios constitucionales por autoridades del estado de Chihuahua exigen ser reparadas y sancionadas conforme lo manda la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos».

Sobre la invitación del Senado extendida a Maru Campos y el exfiscal era para que «proporcionaran con veracidad y de manera fidedigna la información de los hechos que les constan» sobre los agentes estadounidenses.

Luego externó que no acudió Jáuregui precisamente porque dimitió «horas antes»; añadiendo que la Gobernadora cometió «una nueva ilegalidad que demuestra la gravedad de los hechos que se pretendieron ocultar, que comprometen la seguridad nacional y atentan contra la soberanía del pueblo de México».

Criticó la creación de la Unidad Especializada en la Fiscalía de Chihuahua para investigar los hechos de El Pinal, del narcolaboratorio desmantelado, que tendría relación con los agentes estadounidenses. El punto que menciona Inzunza es que no le compete a esa autoridad indagar al respecto, pues es «exclusivamente» de la competencia de la Fiscalía General de la República (FGR).

Entonces sostenía que eran «nulos» e ilegales las investigaciones de la Unidad Especializada del caso El Pinal, «y pueden configurar asimismo delitos en contra de la administración de justicia, exigibles tanto a su titular, la ciudadana Wendy Chávez Villanueva, como a la propia Gobernadora del estado de Chihuahua».

El senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez, lanzó una fuerte crítica al gobierno federal de Morena, al que acusó de mantener al país en un estado de desorden total, sin estrategia de seguridad y con una soberanía debilitada.

Si bien se dio a conocer el desmantelamiento de un gran narco laboratorio, el legislador advirtió que este hecho no ha sido motivo de celebración, sino una prueba más del tamaño del problema que el propio gobierno ha sido incapaz de contener.

“Morena trae un desmadre en el país. No hay control, no hay estrategia y no hay resultados reales en el combate al crimen”, sentenció.

Vázquez fue especialmente crítico respecto a la participación de agentes extranjeros en operativos dentro de México, cuestionando la narrativa oficial sobre soberanía.

“¿De cuál soberanía hablan? Si hay agentes extranjeros operando en nuestro territorio, es porque el gobierno federal lo permite. Esa responsabilidad no se puede esconder ni delegar”, afirmó.

El senador subrayó que ni el gobierno estatal ni ninguna otra autoridad local tiene facultades para autorizar este tipo de intervenciones, por lo que la responsabilidad recae directamente en la federación y su relación con instancias internacionales.

Además, calificó como contradictorio que Morena impulse puntos de acuerdo sobre este tema, cuando —dijo— son ellos mismos quienes han perdido el control del país. “Que ahora salgan con estos discursos es la prueba más clara del desorden que traen. No hay rumbo, no hay coordinación y no hay autoridad”, agregó.

Finalmente, Vázquez cuestionó la incapacidad del gobierno federal para recuperar la paz en regiones dominadas por el crimen organizado. “Vayan a estados como Sinaloa y díganle a la gente que hay soberanía. La realidad es otra: el crimen manda en amplias zonas del país mientras el gobierno está rebasado”, concluyó.