María Eugenia Campos paga casi $2 mil 100 millones del erario para controlar medios en Chihuahua y CDMX.
—Gasta para silenciar la corrupción, la protección a César Duarte y descalificar al Gobierno federal. En la Tarahumara destina solo $1,500 millones.

En cuatro años, la gobernadora María Eugenia Campos Galván gastó 2 mil 086 millones de pesos en comunicación social, para ocultar casos de corrupción, la falta de obras, el abandono a la Tarahumara y para descalificar a sus adversarios y al Gobierno federal.

• La gobernadora controla el manejo informativo de casi todos los medios en el estado de Chihuahua, mediante convenios publicitarios en televisión, radio, medios impresos y digitales, cine, carteleras y pagos a conductores.
• El monto incluye la contratación de agencias de marketing y relaciones públicas, productoras de contenidos audiovisuales, consultorías y empresas que operan granjas de bots en redes sociales.
• El gasto también incluye a medios y agencias de la Ciudad de México, donde ha pagado 584 millones de pesos a 24 medios y conductores, sin ningún beneficio para la población de Chihuahua.
• Gobierno del Estado ha otorgado 763 contratos mediante adjudicación directa, de manera discrecional, ante la inexistencia de un marco jurídico que regule el gasto en comunicación social.
• Los contratos no contemplan mecanismos de verificación de tiraje, de audiencias y usuarios reales en medios digitales, para descartar la existencia de seguidores adquiridos en granjas de bots.

Datos: De septiembre de 2021 (cuando inició su gestión como gobernadora) a septiembre de 2025, Campos Galván gastó 2 mil 085 millones 812 mil 255 pesos en comunicación social de la siguiente manera, de acuerdo con los informes oficiales de la Secretaría de Hacienda:

Contexto: La gobernadora Campos Galván ha presumido una y otra vez que, durante su gestión, ha destinado 1,500 millones de pesos en la Sierra Tarahumara, pero esa cantidad es menor a la que ha gastado en cuidar su imagen pública.

• El desinterés de la gobernadora panista por la Sierra Tarahumara quedó demostrado cuando no asistió a un evento de entrega de tierras a comunidades indígenas encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en Barborigame, municipio de Guadalupe y Calvo, el 17 de mayo de 2025.
• Tres años después del asesinato de dos sacerdotes jesuitas y dos laicos en Cerocahui, municipio de Urique, la gobernadora Campos Galván dijo a a partir de entonces fue creado el programa “Juntos por la Sierra Tarahumara”.
• La gobernadora declaró que se han destinado 1,500 millones de pesos para la atención de distintas causas en el territorio serrano, sin informar exactamente en qué se ha invertido y cuánto en cada municipio.
• Existen 23 municipios en la Alta y Baja Sierra Tarahumara de Chihuahua.

Por qué es importante: La gobernadora Campos Galván paga con recursos públicos por el silencio de la mayoría de los medios de comunicación en Chihuahua, para que no la critiquen, para que la halaguen y para golpear a sus adversarios.

• En su discurso público, simula una cercanía y coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero paga a los medios para golpear a la 4T.
• Paga para que callen sus largas ausencias del estado, su abandono a la Tarahumara, la corrupción en su gobierno, los contratos millonarios a sus familiares, la impunidad en homicidios y feminicidios, la creciente deuda pública, la protección a César Duarte, y para descalificar las políticas y programas sociales del Gobierno federal.
• El elevado gasto en medios vulnera el derecho de la sociedad a saber y trastoca el ejercicio periodístico, al sujetarlo a líneas editoriales dictadas desde Palacio de Gobierno.
• Además, la mayoría de la publicidad oficial publicada viola el Artículo 134 Constitucional, al no tener “fines informativos, educativos o de orientación social.

Contexto: En cuatro años de gestión, la gobernadora no ha construido ninguna obra de inversión productiva en materia educativa, de salud o movilidad, aunque se arroga obras que inició la administración anterior, como el BRT-2 en Ciudad Juárez y el Hospital de Ginecobstetricia de Parral.

Medios cooptados: Los siguientes son ejemplos de los principales pagos realizados a los medios por Campos Galván, de septiembre de 2021 a septiembre de 2025, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Hacienda, conforme a los respectivos contratos:

Vinculan a proceso a César Duarte por lavado de 73.9 millones de pesos.

Una jueza federal vinculó a proceso al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por el delito de lavado de dinero, tras considerar que la FGR presentó pruebas suficientes.

Entre 2011 y 2014, Duarte habría desviado 96.6 millones de pesos del erario estatal a empresas de su propiedad. De ese monto, 73.9 millones fueron presuntamente ocultados y dispersados mediante operaciones financieras para encubrir su origen.

La juzgadora ratificó la prisión preventiva oficiosa y otorgó 6 meses de investigación complementaria, plazo que vence el 9 de junio.

🔎 Este caso se suma a otros procesos que enfrenta Duarte desde su extradición en 2022, incluidos dos por peculado que superan los 200 millones de pesos.

👉 El exmandatario acumula ya tres procesos penales y seguirá en prisión mientras avanzan las investigaciones.

En la Región

Afirmó que sobornó con 10 millones de pesos a la Gobernadora de Chihuahua.

La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que César Duarte sobornó con 10 millones de pesos a la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y que gracias a esa relación de complicidad, la justicia estatal le concedió la libertad provisional en junio de 2024.

Durante la audiencia de imputación contra el ex Gobernador, Manuel Granados Quiroz, Fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR, se argumentó que existía un riesgo de que Duarte pudiera darse a la fuga porque contaba con una red de cómplices en Chihuahua y entre ellos incluyó a la actual Mandataria estatal.Este fue uno de los argumentos que planteó el Fiscal para solicitar la prisión preventiva justificada de Duarte, medida cautelar que al final la Juez federal María Jazmín Ambriz López le impuso, aunque sin tomar en cuenta ese señalamiento que calificó de subjetivo.»Un claro ejemplo de esta red a favor del justiciable es su afinidad y cercanía con la actual Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien, por cierto, fuera parte del esquema de cohecho denominado la ‘nómina secreta’, en la que ella resultó vinculada a proceso en la causa penal 2821/2020, ya que el hoy justiciable la sobornó con 10 millones de pesos ¿así o más clara la complicidad existente entre el señor Duarte y la actual Gobernadora?», expuso el Fiscal.

«Esta innegable red creada por el justiciable durante sus años como Gobernador tiene la posibilidad, la capacidad y el alcance necesario para proveerlo de ayuda económica y personal para poder huir y permanecer oculto, siendo un elevadísimo riesgo de sustracción a la acción de la justicia. Esto ya se pudo ver con toda claridad de la manera tan expedita en la que fue liberado».

Señalan a Corral de narcotráfico

César Duarte aseguró ante una Juez federal que es objeto de una persecución política del senador Javier Corral, motivada por intereses del narcotráfico.Durante su audiencia inicial, el pasado martes, declaró ante la Juez de control María Jazmín Ambriz López, que tiene un video en el que uno de los operadores políticos de Corral afirma que, en caso de que él pisara el Penal del Altiplano, lo iban a matar.»Tengo un filme, un video en el que Jorge Quintana Silveyra aseguró que si yo pisaba el Cereso me iban a matar y le voy a dar el antecedente», refirió ante la Juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.»Muchísima gente de la que está aquí en el Altiplano es gente -y eso está acreditado- que yo estuve promoviendo sacarlos del estado para poder recuperar el control de las cárceles de Chihuahua. Sólo el Cereso de Ciudad Juárez, en 2009, tuvo cerca de 300 homicidios. Certificamos todas las cárceles del estado con la Asociación de Correccionales de los Estados Unidos. Cambió la realidad, acabamos con el secuestro, con la extorsión».»Y yo sí puedo acusar que los intereses que motivan a Javier Corral en la persecución que me dio son precisamente los del narcotráfico. A mí me han acusado de todo, menos de haber respaldado las actividades de esa naturaleza. De todo me han acusado, sólo de eso no han podido, porque ni siquiera ahora, es un recicle y recicle y recicle de cifras de las mismas acusaciones».En la diligencia, el ex Gobernador se hizo acompañar de un equipo de abogados conformado por Carlos Ríos Peralta, Edith Muñoz Palacios y Dolores Meza Quiroz, del despacho de Ricardo Sánchez Reyes Retana.Duarte expuso que durante su sexenio, cientos de reos fueron trasladados de las prisiones estatales de Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc y Parral a los penales federales, principalmente al Altiplano, donde ahora se encuentra.Esta manifestación la hizo para tratar de convencer a la Juez de control que no le dictara la prisión preventiva justificada en el Altiplano, pero su intento fue infructuoso.»Ciudad Juárez fue la ciudad más peligrosa del mundo por 10 años, La convertimos en una ciudad segura, recuperamos la tranquilidad, se acabó el secuestro, la extorsión. Nada más entregué el Gobierno y otra vez el caos. Eso es lo que hizo Corral y, de allí, pues ha pretendido descalificarme en todos los sentidos», expuso.»La verdad de las cosas es que yo tengo la cara en alto y sé que voy a salir victorioso, porque de todas las mentiras que me han colgado, no me las van a poder probar».En 2016, Duarte afirmó que un hermano de Corral había sido procesado por narcotráfico y otro por fraude financiero en Estados Unidos. El mismo año, Corral reviró que un hermano de Duarte había sido detenido 10 años antes con media tonelada de mariguana en la Unión Americana, acusación que el Gobierno estatal dijo que era mentira.

El Diario de Chihuahua

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El decreto para regularizar autos chocolate en México está vigente hasta noviembre de 2026, pero la duda principal sigue vigente: ¿Qué año-modelo puedo legalizar?

La legalización de automóviles en territorio mexicano ha generado discusiones constantes en el ámbito público, sobre todo en referencia a los denominados “autos chocolate”: autos de segunda mano traídos principalmente de Estados Unidos que operan sin un marco normativo definido.

En este contexto, surge una interrogante clave: ¿hasta qué modelo se permite la nacionalización mediante decreto presidencial?

Para innumerables hogares mexicanos, la opción de formalizar un vehículo importado ilegalmente (el famoso “auto chocolate”) significa la forma más viable de adquirir un bien duradero y un medio de transporte esencial.

Es esencial destacar que las autoridades federales han promulgado múltiples disposiciones ejecutivas para simplificar la importación de autos usados del exterior, con énfasis en aquellos originarios de la Unión Americana.

En 2022, se emitió una ordenanza que autorizaba la regularización de vehículos específicos, bajo condiciones precisas como su origen geográfico y el año de producción. Esta iniciativa se ha prorrogado repetidamente, con ajustes que han ampliado tanto el período de vigencia como los criterios de admisibilidad.

¿Hasta qué modelo se autoriza la nacionalización por decreto?

Responder con exactitud al límite anual para nacionalizar un auto vía decreto resulta complejo, dado que varía según las actualizaciones normativas y las prórrogas oficiales.

En esencia, la disposición no fija un año estático, sino que aplica un criterio dinámico. La regla central exige que el automóvil cuente con al menos cinco años de antigüedad en relación con la fecha del procedimiento.

De esta forma, el rango de vehículos aptos se desplaza progresivamente con el paso del tiempo.

Por instancia, en 2024, los modelos del 2019 ya calificaban. De igual modo, al iniciar 2025, los del 2020 se incorporan a la lista de elegibles.

Recientemente, el programa ha sido ampliado hasta el 30 de septiembre de 2026, lo que asegura su continuidad.

¿Cómo determinar si un vehículo califica para la regularización?
Al examinar los detalles del decreto, se aprecia que la admisibilidad trasciende un mero conteo de años. El filtro inicial y decisivo es el Número de Identificación Vehicular (NIV o VIN).

La iniciativa se limita a autos cuyo VIN comience con 1, 4 o 5, lo que denota fabricación o ensamblaje en Estados Unidos, Canadá o México. Con las nuevas implementaciones en los terminos actuales del decreto, los vehículos con VIN que inicie en letra —típicamente europeos o asiáticos— han sido incluidos.

Esta restricción anterior pretendía armonizar con estándares del mercado norteamericano. Anteriormente, antes de evaluar la edad del auto, era imperativo verificar el primer dígito del VIN, hoy, cualquier auto que cumpla los demás puntos para regularizar, ya no es necesario verificar el inicio de su VIN (si inicia con numero o letra) como medida de requisito.

Requisitos adicionales para la nacionalización por decreto

Tras validar el modelo y el VIN, el procedimiento enfrenta más condiciones. Uno de los atractivos principales es el precio: un arancel único de 2,500 pesos (≈125 USD).

Esta cuota fija resulta mucho más asequible que los gastos de una importación convencional. Los fondos se destinan a infraestructura vial en las regiones involucradas.Además, el trámite está restringido a los estados adheridos (generalmente fronterizos).

Se excluyen autos de lujo, deportivos o blindados, priorizando vehículos de uso familiar y laboral.

¿Avance social o obstáculo para la economía?
Sin duda, esta política actúa como una herramienta ambivalente.

Por un lado, brinda una respuesta concreta a millones de personas, impulsando la estabilidad económica doméstica y otorgando protección legal (placas, seguro y circulación sin miedo al decomiso).

Por el otro, la industria automotriz establecida (como la AMDA) eleva críticas: genera competencia desleal, deprime el mercado de autos usados nacionales, valida el tráfico ilícito y permite circular unidades que quizá no cumplan normas ambientales ni de seguridad.

Así se crea un bucle interminable: se formaliza un grupo, pero siguen entrando ilegalmente modelos más nuevos, exigiendo nuevas prórrogas.

En resumen, el esquema se ve más como un remedio temporal que como una reforma estructural, cuya permanencia depende de la voluntad política de cada administración. Con la extensión hasta 2026, el tema seguirá vigente.

Tras una audiencia de 14 horas, una jueza federal ordenó prisión preventiva para el exgobernador de Chihuahua, César Duarte.

La FGR lo acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita por 96.6 millones de pesos -lavado de dinero-.