Padres de familia de la Zona Escolar 14 en Ojinaga, Chihuahua, han denunciado una grave irregularidad: la existencia de más de 150 alumnos registrados en la matrícula oficial pero sin asistencia física a clases, especialmente en escuelas como Plan Chihuahua, Francisco Villa, Miguel Hidalgo, Ignacio Rojas y Manuel Ojinaga. Muchos de estos alumnos, señalan, residen en el extranjero o en otros estados, pero continúan inscritos para inflar artificialmente la matrícula y mantener beneficios administrativos.

De acuerdo con los padres, estos estudiantes aparecen incluso con las mismas calificaciones que los alumnos que sí asisten de manera regular, lo que consideran una falta grave que atenta contra la equidad educativa y la transparencia del sistema. Acusan directamente a la inspectora J. García de permitir y encubrir esta práctica, la cual califican como un acto evidente de corrupción administrativa.

Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades locales, algunos padres anunciaron que acudirán personalmente a la Secretaría de Educación y Deporte del Estado en la ciudad de Chihuahua, donde presentarán la denuncia formal en el Área de Atención a Padres de Familia. Además, enviarán un oficio al Órgano Interno de Control de la SEP, con sede en la Ciudad de México, mediante paquetería certificada, solicitando una auditoría e investigación exhaustiva.

Este tipo de irregularidad puede constituir múltiples faltas administrativas graves, contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entre ellas:
• Artículo 49, fracción I: Abuso de funciones al obtener beneficios indebidos o permitir el uso de recursos públicos en favor de terceros.
• Artículo 50: Falsificación o alteración de documentos oficiales.
• Artículo 54: Utilización indebida de información o documentación pública.
• Artículo 57: Omisión en el cumplimiento de las funciones o atribuciones del cargo.

Además, la Ley General de Educación, en su Artículo 7, fracción VII, establece la obligación de garantizar la transparencia en los registros escolares y en el uso de los recursos públicos destinados a la educación.

Las sanciones por estas faltas pueden incluir:
• Suspensión del cargo público
• Destitución definitiva del puesto
• Inhabilitación de 1 a 20 años para ejercer cargos públicos
• Responsabilidad penal por daño patrimonial al Estado, si se determina el mal uso de recursos federales o estatales.

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