Chihuahua.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación en contra de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) por presuntos actos de vigilancia no autorizada en agravio del exgobernador César Duarte Jáquez, tras su salida del Cereso de Aquiles Serdán en junio de 2024.

La queja fue presentada por Duarte el 9 de septiembre de 2024, y el organismo emitió la recomendación el pasado 22 del mismo mes, dirigida a ambas dependencias por presuntas violaciones a sus derechos humanos.

Duarte Jáquez, quien gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016, enfrenta un proceso penal por peculado y asociación delictuosa, acusado del desvío de 96 millones de pesos. Fue detenido en Estados Unidos en julio de 2020 y extraditado a México en junio de 2022. Actualmente sigue su proceso en libertad bajo medidas cautelares impuestas por la jueza Hortencia García Rodríguez, que le obligan a portar un brazalete electrónico y le prohíben salir del municipio de Chihuahua, bajo supervisión de la Unidad de Servicios Previos al Juicio del Poder Judicial.

En su denuncia ante la CEDH, el exmandatario acusó a la SSPE de mantenerlo bajo acoso y vigilancia desde su liberación. Afirmó que se instaló una torre de videovigilancia tipo Centinela dentro del fraccionamiento donde reside, y que frecuentemente sobrevuelan drones cerca de su domicilio, incluso sobre patios contiguos a su vivienda.

También aseguró que vecinos han reportado la presencia de una patrulla estacionada fuera del fraccionamiento, presuntamente operando los drones, lo que ha generado molestias e inquietud entre los residentes, quienes incluso han reportado fallas en sus servicios de internet.

Duarte señaló además que con frecuencia observa vehículos sin rótulos y con vidrios polarizados frente a su casa. “Me siguen a cualquier lugar al que voy, ni siquiera disimulan que me van siguiendo”, declaró en su queja.

El exgobernador relató que el 27 de agosto fue seguido por un vehículo Jetta gris mientras circulaba con un amigo. “Me bajé muy asustado, no sabía si alguien me seguía para hacerme daño. Al llamar a la autoridad, nos informaron que eran elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado”, afirmó.

Desde ese episodio, dijo, el acoso se intensificó con la aparición de un automóvil azul marino que permanece fuera de su casa día y noche. Asimismo, relató que el 3 de septiembre fue seguido hasta una cita médica y, al volver, observó nuevamente al Jetta intentando ingresar al fraccionamiento.

La SSPE negó los señalamientos mediante un oficio recibido por la CEDH el 3 de octubre de 2024, firmado por su director de Derechos Humanos, Ulises Enrique Pacheco Rodríguez, actual dirigente local del PAN en Ciudad Juárez. En el documento, la dependencia aseguró no tener registro del vehículo descrito y negó el uso de drones o presencia de unidades asignadas a la vigilancia de Duarte, aunque reconoció contar con una base de monitoreo —denominadas “escorpiones”— en el fraccionamiento donde vive.

La FGE también negó cualquier tipo de seguimiento al exgobernador. En un oficio fechado el 11 de octubre y firmado por el coordinador de la Unidad de Atención y Respuesta a Organismos de Derechos Humanos, Jesús Manuel Fernández Domínguez, la FGE aseguró que “de ninguna manera se ha vigilado” a Duarte, aunque reconoció que el vehículo Jetta gris pertenece a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

Las recomendaciones emitidas fueron las siguientes:

Primera. Se dé vista ante el Órgano Interno de Control o la autoridad competente de las dependencias estatales mencionadas, con motivo de los hechos antes acreditados, tomando en consideración las evidencias y razonamientos esgrimidos en la presente resolución.

Segunda. En un plazo que no exceda de 30 días naturales contados a partir del día siguiente de la recepción de la presente resolución, en los términos de lo establecido en la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, se inscriba a “A” en el Registro Estatal de Víctimas, y remita las constancias que así lo acrediten.

Tercera. Se provea lo necesario para que se repare integralmente el daño a “A” conforme a lo establecido en el apartado V de esta determinación.

Cuarta. Se tomen las medidas administrativas tendentes a garantizar la no repetición de violaciones a derechos humanos, de naturaleza similar a las acontecidas en los hechos bajo análisis, en los términos del punto 70.7 de la presente resolución.

La resolución fue firmada por el presidente interino de la CEDH, Alejandro Carrasco Talavera. Las dependencias señaladas contaban con 15 días hábiles para responder si aceptan o no las recomendaciones, plazo que venció este lunes.