Archivo de la categoría: ESTATAL

𝙇𝘼 𝙁𝙂𝙍 𝘼𝙁𝙄𝙍𝙈𝙊 𝙌𝙐𝙀 𝘾𝙀𝙎𝘼𝙍 𝘿𝙐𝘼𝙍𝙏𝙀 𝙎𝙊𝘽𝙊𝙍𝙉𝙊 𝘼 𝙇𝘼 𝙂𝙊𝘽𝙀𝙍𝙉𝘼𝘿𝙊𝙍𝘼 𝘿𝙀 𝘾𝙃𝙄𝙃𝙐𝘼𝙃𝙐𝘼 𝘾𝙊𝙉 𝘿𝙄𝙀𝙕 𝙈𝙄𝙇𝙇𝙊𝙉𝙀𝙎 𝘿𝙀 𝙋𝙀𝙎𝙊𝙎⚠️

Afirmó que sobornó con 10 millones de pesos a la Gobernadora de Chihuahua.

La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que César Duarte sobornó con 10 millones de pesos a la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y que gracias a esa relación de complicidad, la justicia estatal le concedió la libertad provisional en junio de 2024.

Durante la audiencia de imputación contra el ex Gobernador, Manuel Granados Quiroz, Fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR, se argumentó que existía un riesgo de que Duarte pudiera darse a la fuga porque contaba con una red de cómplices en Chihuahua y entre ellos incluyó a la actual Mandataria estatal.Este fue uno de los argumentos que planteó el Fiscal para solicitar la prisión preventiva justificada de Duarte, medida cautelar que al final la Juez federal María Jazmín Ambriz López le impuso, aunque sin tomar en cuenta ese señalamiento que calificó de subjetivo.»Un claro ejemplo de esta red a favor del justiciable es su afinidad y cercanía con la actual Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien, por cierto, fuera parte del esquema de cohecho denominado la ‘nómina secreta’, en la que ella resultó vinculada a proceso en la causa penal 2821/2020, ya que el hoy justiciable la sobornó con 10 millones de pesos ¿así o más clara la complicidad existente entre el señor Duarte y la actual Gobernadora?», expuso el Fiscal.

«Esta innegable red creada por el justiciable durante sus años como Gobernador tiene la posibilidad, la capacidad y el alcance necesario para proveerlo de ayuda económica y personal para poder huir y permanecer oculto, siendo un elevadísimo riesgo de sustracción a la acción de la justicia. Esto ya se pudo ver con toda claridad de la manera tan expedita en la que fue liberado».

Señalan a Corral de narcotráfico

César Duarte aseguró ante una Juez federal que es objeto de una persecución política del senador Javier Corral, motivada por intereses del narcotráfico.Durante su audiencia inicial, el pasado martes, declaró ante la Juez de control María Jazmín Ambriz López, que tiene un video en el que uno de los operadores políticos de Corral afirma que, en caso de que él pisara el Penal del Altiplano, lo iban a matar.»Tengo un filme, un video en el que Jorge Quintana Silveyra aseguró que si yo pisaba el Cereso me iban a matar y le voy a dar el antecedente», refirió ante la Juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.»Muchísima gente de la que está aquí en el Altiplano es gente -y eso está acreditado- que yo estuve promoviendo sacarlos del estado para poder recuperar el control de las cárceles de Chihuahua. Sólo el Cereso de Ciudad Juárez, en 2009, tuvo cerca de 300 homicidios. Certificamos todas las cárceles del estado con la Asociación de Correccionales de los Estados Unidos. Cambió la realidad, acabamos con el secuestro, con la extorsión».»Y yo sí puedo acusar que los intereses que motivan a Javier Corral en la persecución que me dio son precisamente los del narcotráfico. A mí me han acusado de todo, menos de haber respaldado las actividades de esa naturaleza. De todo me han acusado, sólo de eso no han podido, porque ni siquiera ahora, es un recicle y recicle y recicle de cifras de las mismas acusaciones».En la diligencia, el ex Gobernador se hizo acompañar de un equipo de abogados conformado por Carlos Ríos Peralta, Edith Muñoz Palacios y Dolores Meza Quiroz, del despacho de Ricardo Sánchez Reyes Retana.Duarte expuso que durante su sexenio, cientos de reos fueron trasladados de las prisiones estatales de Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc y Parral a los penales federales, principalmente al Altiplano, donde ahora se encuentra.Esta manifestación la hizo para tratar de convencer a la Juez de control que no le dictara la prisión preventiva justificada en el Altiplano, pero su intento fue infructuoso.»Ciudad Juárez fue la ciudad más peligrosa del mundo por 10 años, La convertimos en una ciudad segura, recuperamos la tranquilidad, se acabó el secuestro, la extorsión. Nada más entregué el Gobierno y otra vez el caos. Eso es lo que hizo Corral y, de allí, pues ha pretendido descalificarme en todos los sentidos», expuso.»La verdad de las cosas es que yo tengo la cara en alto y sé que voy a salir victorioso, porque de todas las mentiras que me han colgado, no me las van a poder probar».En 2016, Duarte afirmó que un hermano de Corral había sido procesado por narcotráfico y otro por fraude financiero en Estados Unidos. El mismo año, Corral reviró que un hermano de Duarte había sido detenido 10 años antes con media tonelada de mariguana en la Unión Americana, acusación que el Gobierno estatal dijo que era mentira.

El Diario de Chihuahua

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Ni en el Buen Fin se ven estas ofertas.

Agentes federales pasan la extorsión de 8 mil a solo 2 mil pesos, promoción válida solo en carretera federal y hasta agotar viajero.

Según el video que ya circula, el “operativo” incluye regateo, cara seria y descuento por no hacerla de tos. Aquí no hay terminal, pero sí efectivo… y rápido, que estorban los demás autos.

Que no le vean la cara ni la cartera. Si va a viajar, lleve cambio, temple y, de preferencia, cámara prendida, porque al parecer eso es lo único que baja precios…Info en comentarios…
Manda tu denuncia al WhatsApp 614 142 6669

OBLIGA NUEVA LEY A QUE NO CORTEN EL SUMINISTRO DE AGUA POR FALTA DE PAGO.✅️

Los organismos operadores, como las Juntas Municipales de Agua en el estado de Chihuahua, no podrán cortar totalmente el suministro de agua potable por falta de pago, de acuerdo con la nueva Ley General de Aguas.

Establece la nueva ley el “derecho humano al agua” en su capítulo primero, por lo que las autoridades tienen que garantizarlo a “toda persona, sin discriminación”, con servicio en los hogares, escuelas, trabajos y “cercanías inmediatas”.

No podrán cortar el agua.

En ese capítulo habla de que los organismos operadores no podrán dejar habitantes sin agua. En el caso del estado de Chihuahua son las juntas municipales (JMAS) y rurales (JRAS) de agua saneamiento, coordinadas por la Junta Central de Agua.

Así dice la Ley General de Aguas:
Artículo 9. El Estado mexicano garantizará, de acuerdo con el principio de progresividad, el acceso y uso equitativo y sustentable de las aguas, mediante el uso eficaz y eficiente de los recursos presupuestales disponibles, así como la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y la participación de la ciudadanía, para salvaguardar el derecho humano al agua de las generaciones actuales y futuras, con el objetivo de alcanzar la cantidad mínima establecida en los estándares internacionales.

Los organismos operadores no podrán suspender totalmente el suministro de agua potable y el servicio de saneamiento por falta de pago; en todo caso, deben suministrar la cantidad mínima para el consumo humano básico.

La nueva ley también establece que las autoridades federales —especialmente Conagua— deben ajustar reglamentos y emitir lineamientos, entonces podrán venir los detalles de cómo aplicara esa protección a los consumidores que no paguen agua.

Actualmente.

En la actualidad, las Juntas Municipales de Agua no cortan absolutamente el agua a los hogares que no pagan, pero sí reducen la presión a un nivel mínimo para garantizar el consumo humano.

Existen jurisprudencias de la Suprema Corte que indican que permitan los operadores de agua un suministro de al menos 50 litros por persona al día.

La JMAS (J+) ha advertido a la ciudadanía a cubrir sus adeudos para “evitar corte en su servicio de agua potable”.

Con la nueva ley, estarían obligando a que las JMAS y similares no corten el agua, por lo menos garantizando el abasto mínimo.

Falta conocer si en los nuevos lineamientos y reglamentos establece que se pueda disminuir la presión del agua a los hogares que adeudan el pago.

Tiempo

Guardia Nacional y Ejército Mexicano aseguran equipo táctico y un vehículo con blindaje artesanal en madera, Chihuahua.

Chihuahua, Chih., a 11 de diciembre de 2025. – la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Chihuahua, hace del conocimiento a la población que, en cumplimiento a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el 8 de diciembre del presente año, integrantes de la Guardia Nacional en coordinación con personal del Ejército Mexicano, al efectuar reconocimientos terrestres a inmediaciones del municipio de Madera, Chih., realizaron el aseguramiento de:

  • Una granada de mortero Cal. 60 mm.
  • Diverso equipo táctico.
  • Un vehículo con blindaje artesanal.

Los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica, continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes; cabe señalar que estas actividades se realizaron con estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, coadyuvando a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad chihuahuense.

De esta manera, la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea reafirman la indeclinable decisión del Gobierno Federal para inhibir las actividades de la delincuencia organizada y refrendan su compromiso de velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población.

Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, la Gran Fuerza de México.

AUTOS «CHOCOLATE»

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El decreto para regularizar autos chocolate en México está vigente hasta noviembre de 2026, pero la duda principal sigue vigente: ¿Qué año-modelo puedo legalizar?

La legalización de automóviles en territorio mexicano ha generado discusiones constantes en el ámbito público, sobre todo en referencia a los denominados “autos chocolate”: autos de segunda mano traídos principalmente de Estados Unidos que operan sin un marco normativo definido.

En este contexto, surge una interrogante clave: ¿hasta qué modelo se permite la nacionalización mediante decreto presidencial?

Para innumerables hogares mexicanos, la opción de formalizar un vehículo importado ilegalmente (el famoso “auto chocolate”) significa la forma más viable de adquirir un bien duradero y un medio de transporte esencial.

Es esencial destacar que las autoridades federales han promulgado múltiples disposiciones ejecutivas para simplificar la importación de autos usados del exterior, con énfasis en aquellos originarios de la Unión Americana.

En 2022, se emitió una ordenanza que autorizaba la regularización de vehículos específicos, bajo condiciones precisas como su origen geográfico y el año de producción. Esta iniciativa se ha prorrogado repetidamente, con ajustes que han ampliado tanto el período de vigencia como los criterios de admisibilidad.

¿Hasta qué modelo se autoriza la nacionalización por decreto?

Responder con exactitud al límite anual para nacionalizar un auto vía decreto resulta complejo, dado que varía según las actualizaciones normativas y las prórrogas oficiales.

En esencia, la disposición no fija un año estático, sino que aplica un criterio dinámico. La regla central exige que el automóvil cuente con al menos cinco años de antigüedad en relación con la fecha del procedimiento.

De esta forma, el rango de vehículos aptos se desplaza progresivamente con el paso del tiempo.

Por instancia, en 2024, los modelos del 2019 ya calificaban. De igual modo, al iniciar 2025, los del 2020 se incorporan a la lista de elegibles.

Recientemente, el programa ha sido ampliado hasta el 30 de septiembre de 2026, lo que asegura su continuidad.

¿Cómo determinar si un vehículo califica para la regularización?
Al examinar los detalles del decreto, se aprecia que la admisibilidad trasciende un mero conteo de años. El filtro inicial y decisivo es el Número de Identificación Vehicular (NIV o VIN).

La iniciativa se limita a autos cuyo VIN comience con 1, 4 o 5, lo que denota fabricación o ensamblaje en Estados Unidos, Canadá o México. Con las nuevas implementaciones en los terminos actuales del decreto, los vehículos con VIN que inicie en letra —típicamente europeos o asiáticos— han sido incluidos.

Esta restricción anterior pretendía armonizar con estándares del mercado norteamericano. Anteriormente, antes de evaluar la edad del auto, era imperativo verificar el primer dígito del VIN, hoy, cualquier auto que cumpla los demás puntos para regularizar, ya no es necesario verificar el inicio de su VIN (si inicia con numero o letra) como medida de requisito.

Requisitos adicionales para la nacionalización por decreto

Tras validar el modelo y el VIN, el procedimiento enfrenta más condiciones. Uno de los atractivos principales es el precio: un arancel único de 2,500 pesos (≈125 USD).

Esta cuota fija resulta mucho más asequible que los gastos de una importación convencional. Los fondos se destinan a infraestructura vial en las regiones involucradas.Además, el trámite está restringido a los estados adheridos (generalmente fronterizos).

Se excluyen autos de lujo, deportivos o blindados, priorizando vehículos de uso familiar y laboral.

¿Avance social o obstáculo para la economía?
Sin duda, esta política actúa como una herramienta ambivalente.

Por un lado, brinda una respuesta concreta a millones de personas, impulsando la estabilidad económica doméstica y otorgando protección legal (placas, seguro y circulación sin miedo al decomiso).

Por el otro, la industria automotriz establecida (como la AMDA) eleva críticas: genera competencia desleal, deprime el mercado de autos usados nacionales, valida el tráfico ilícito y permite circular unidades que quizá no cumplan normas ambientales ni de seguridad.

Así se crea un bucle interminable: se formaliza un grupo, pero siguen entrando ilegalmente modelos más nuevos, exigiendo nuevas prórrogas.

En resumen, el esquema se ve más como un remedio temporal que como una reforma estructural, cuya permanencia depende de la voluntad política de cada administración. Con la extensión hasta 2026, el tema seguirá vigente.

Mujer estará 33 años y 4 meses en prisión por abuso sexual y trata de personas que cometió a sus hijos⚠️

Los obligó años a realizar actos sexuales, los videograbó y vendió el material.

    La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia condenatoria de 33 años y 4 meses de prisión, dictada en contra de Viridiana P. L., por los delitos de abuso sexual agravado y trata de personas, que cometió en perjuicio de sus hijos de 7 y 9 años de edad.

    Gracias a una denuncia anónima, elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y contra la Familia, se conoció lo que la ahora sentenciada estaba haciendo a sus hijos.

    Las investigaciones ministeriales establecieron, que entre los meses de mayo y septiembre de 2024, Viridiana P. L., indujo a las víctimas a realizar diversos actos sexuales con ella, y por sí solos, para videograbarlos y exhibir el material en diferentes aplicaciones de comunicación, obteniendo lucro económico.

    Con base en elementos de prueba sólidos, se solicitó la orden de aprehensión con la que fue detenida el 28 de febrero de 2025, y se procedió en su contra, logrando que el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 3542/2024, resolviera vincularla a proceso.

    En un procedimiento especial abreviado, la ahora sentenciada admitió su responsabilidad y en la audiencia de individualización de sanciones recibió la sentencia privativa de la libertad que purgará en prisión, además, deberá pagar la cantidad de 123 mil 378 pesos, por concepto de reparación del daño.

    Con estas acciones se brinda a las víctimas de grupos vulnerables el acceso a la justicia y se ratifica el compromiso de representar a la sociedad en los tribunales para obtener el castigo en contra de quienes atentan contra la integridad de las y los menores.

    Hechos Aldama

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    Es presentado ante el juez federal.

    La Fiscalía General de la República presentó este martes ante un juez federal a César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, quien enfrenta una acusación por el delito de lavado de dinero, un día después de ser detenido en la capital del estado.

    La audiencia inicial se llevó a cabo en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) N.º 1, conocido como el Penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde fue trasladado el lunes tras su arresto en la ciudad de Chihuahua, concretamente en la colonia Jardines de San Francisco.

    Duarte fue detenido el lunes alrededor de las dos de la tarde por elementos de la Guardia Nacional, cuando salía de su casa en Chihuahua capital. Al momento de su detención vestía una chamarra de color azul, camisa blanca y pantalón negro. Según su defensa, el exmandatario había estado momentos antes en el despacho de sus abogados, donde dejó documentación importante relacionada con su caso.

    La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó previamente que se había tramitado una autorización ante el Gobierno de Estados Unidos el año pasado para procesar a Duarte por delitos distintos a peculado y asociación delictuosa, los cargos por los que fue extraditado. Dicha autorización fue concedida el 4 de diciembre.

    Según la FGR, el exgobernador está acusado por un esquema de lavado de dinero para ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, que involucra al Sistema Financiero Mexicano.

    Sin embargo, la defensa de Duarte sostiene que se trata de los mismos 96 millones de pesos por los que ya está siendo procesado en Chihuahua en la carpeta de investigación 3041, y por los cuales fue absuelto en un procedimiento administrativo.

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    Una hora al aire libre y sin ventanas: así es la cárcel donde está Duarte.

    César Duarte Jáquez fue trasladado el lunes al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) N.º 1, conocido como Penal del Altiplano, luego de ser arrestado por segunda ocasión en Chihuahua capital por elementos de la Fiscalía General de la República. El exgobernador de Chihuahua enfrentará una nueva acusación por lavado de dinero en la considerada prisión más segura de México.

    El Altiplano es una instalación de máxima seguridad ubicada en Almoloya de Juárez, Estado de México, diseñada para albergar a los criminales más peligrosos del país, incluyendo líderes del crimen organizado y exfuncionarios públicos acusados de delitos graves.

    Infraestructura y medidas de seguridad

    El penal cuenta con una superficie de 260,000 metros cuadrados distribuidos en siete módulos, además de áreas de medidas especiales, vigilancia especial y atención médica. Sus paredes fueron reforzadas tras la fuga de Joaquín «El Chapo» Guzmán en 2015 y ahora tienen un metro de espesor.

    La instalación dispone de sistemas electromecánicos y electrónicos de seguridad avanzados que incluyen circuito cerrado de televisión, control de accesos, alarmas y detectores de metal, drogas y explosivos. También cuenta con sistemas de radiocomunicación, voz y datos, sensores de presencia y placas de medición de movimiento instaladas debajo del penal como medida precautoria. La vigilancia es continua las 24 horas del día, los siete días de la semana.

    Régimen de internamiento

    El régimen se caracteriza por una limitación estricta de las actividades en común entre internos. Las celdas son individuales y no cuentan con ventanas ni visibilidad hacia el resto del penal. Los reclusos tienen derecho a una hora al aire libre en patios individuales, con contacto mínimo entre ellos.

    El penal tiene capacidad para 764 internos. Según un diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de 2021, su población era de 488 reos. En ese mismo año, la CNDH otorgó al Altiplano una calificación general de 7.23 sobre 10, reconociendo garantías a la integridad de los internos y la gobernabilidad, aunque señaló áreas de mejora como la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, y la separación entre procesados y sentenciados.

    Criminales y políticos recluidos

    A lo largo de los años, el Altiplano ha albergado a algunos de los criminales más notorios del país. Entre ellos destacan Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien se fugó del penal en 2015 a través de un túnel; Ovidio Guzmán López, Servando Gómez «La Tuta», José Antonio Yépez Ortiz «El Marro» y Rafael Caro Quintero.

    Varios exfuncionarios mexicanos de alto perfil han estado internados en esta prisión, generalmente acusados de delitos como delincuencia organizada, peculado, lavado de dinero y nexos con el narcotráfico.

    Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, fue extraditado de Italia y recluido en el Altiplano por cargos que incluyen lavado de dinero. Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, estuvo internado por cargos de peculado.

    Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, fue ingresado recientemente al Altiplano acusado de delincuencia organizada y secuestro agravado, relacionado con un grupo criminal conocido como «la barredora». Luis Cárdenas Palomino, ex mando de la Policía Federal y cercano colaborador de García Luna, estuvo preso en el Altiplano por acusaciones de tortura antes de ser trasladado a otra prisión federal en Morelos.

    Tiempo