La Fiscalía General de la República (FGR) desestimó formalmente las acusaciones que vinculaban al Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y a otros nueve exfuncionarios estatales con el Cártel que oepra en Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades ministeriales, el Gobierno de Estados Unidos no ha presentado el sustento probatorio mínimo que exige la legislación mexicana para dar validez a dichos señalamientos.

Durante una conferencia de prensa, David Boone, Fiscal Especializado en Control Regional de la FGR, detalló que la investigación en contra de Rocha y el resto de los exfuncionarios se originó a raíz de una solicitud de detención provisional con fines de extradición enviada por las agencias estadounidenses. Sin embargo, precisó que tras citar a los diez implicados y revisar los datos disponibles, no se han aportado evidencias concretas por parte de las autoridades del país vecino.

En contraste, la postura del Gobierno federal dio un giro hacia los métodos empleados por agencias norteamericanas. La titular de la FGR, Ernestina Godoy, acusó la existencia de «posibles violaciones graves» tanto al derecho nacional como al internacional en torno a la captura y traslado a suelo estadounidense de Ismael «El Mayo» Zambada, ocurrido en julio de 2024.

Godoy enfatizó que, si se llega a confirmar que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) planeó y ejecutó el traslado de Zambada desde territorio mexicano sin el consentimiento del Estado, se estaría ante tres escenarios críticos:

•Una flagrante violación a la soberanía mexicana.

•Un pacto criminal o al margen de la ley.

•Una mentira diplomática que transgrede el principio de buena fe en las relaciones bilaterales.

Esta última acusación alude de forma directa al exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien por su parte emitió un comunicado deslindando a su administración: «Informamos al Gobierno de México que no se trataba de nuestro avión, ni de nuestro piloto, ni de nuestra operación», sostuvo el exdiplomático.

SRE recula y transparentará datos, con excepciones
De forma paralela a los señalamientos de la Fiscalía, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) modificó su postura original y anunció que sí abrirá parcialmente el acceso a los registros del intercambio de comunicaciones entre ambos países relativos a este caso. Esto ocurre luego de que un día antes la misma dependencia informara que la información sería clasificada y resguardada bajo reserva por un periodo de cinco años.

No obstante, la Cancillería puntualizó que el acceso no será total: todas las notas diplomáticas que se encuentren ligadas de manera directa a los expedientes judiciales continuarán catalogadas como información reservada, argumentando que su divulgación podría poner en riesgo los canales de cooperación y la confianza en la relación de justicia bilateral.