Es presentado ante el juez federal.

La Fiscalía General de la República presentó este martes ante un juez federal a César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, quien enfrenta una acusación por el delito de lavado de dinero, un día después de ser detenido en la capital del estado.

La audiencia inicial se llevó a cabo en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) N.º 1, conocido como el Penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde fue trasladado el lunes tras su arresto en la ciudad de Chihuahua, concretamente en la colonia Jardines de San Francisco.

Duarte fue detenido el lunes alrededor de las dos de la tarde por elementos de la Guardia Nacional, cuando salía de su casa en Chihuahua capital. Al momento de su detención vestía una chamarra de color azul, camisa blanca y pantalón negro. Según su defensa, el exmandatario había estado momentos antes en el despacho de sus abogados, donde dejó documentación importante relacionada con su caso.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó previamente que se había tramitado una autorización ante el Gobierno de Estados Unidos el año pasado para procesar a Duarte por delitos distintos a peculado y asociación delictuosa, los cargos por los que fue extraditado. Dicha autorización fue concedida el 4 de diciembre.

Según la FGR, el exgobernador está acusado por un esquema de lavado de dinero para ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, que involucra al Sistema Financiero Mexicano.

Sin embargo, la defensa de Duarte sostiene que se trata de los mismos 96 millones de pesos por los que ya está siendo procesado en Chihuahua en la carpeta de investigación 3041, y por los cuales fue absuelto en un procedimiento administrativo.

Una hora al aire libre y sin ventanas: así es la cárcel donde está Duarte.

César Duarte Jáquez fue trasladado el lunes al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) N.º 1, conocido como Penal del Altiplano, luego de ser arrestado por segunda ocasión en Chihuahua capital por elementos de la Fiscalía General de la República. El exgobernador de Chihuahua enfrentará una nueva acusación por lavado de dinero en la considerada prisión más segura de México.

El Altiplano es una instalación de máxima seguridad ubicada en Almoloya de Juárez, Estado de México, diseñada para albergar a los criminales más peligrosos del país, incluyendo líderes del crimen organizado y exfuncionarios públicos acusados de delitos graves.

Infraestructura y medidas de seguridad

El penal cuenta con una superficie de 260,000 metros cuadrados distribuidos en siete módulos, además de áreas de medidas especiales, vigilancia especial y atención médica. Sus paredes fueron reforzadas tras la fuga de Joaquín «El Chapo» Guzmán en 2015 y ahora tienen un metro de espesor.

La instalación dispone de sistemas electromecánicos y electrónicos de seguridad avanzados que incluyen circuito cerrado de televisión, control de accesos, alarmas y detectores de metal, drogas y explosivos. También cuenta con sistemas de radiocomunicación, voz y datos, sensores de presencia y placas de medición de movimiento instaladas debajo del penal como medida precautoria. La vigilancia es continua las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Régimen de internamiento

El régimen se caracteriza por una limitación estricta de las actividades en común entre internos. Las celdas son individuales y no cuentan con ventanas ni visibilidad hacia el resto del penal. Los reclusos tienen derecho a una hora al aire libre en patios individuales, con contacto mínimo entre ellos.

El penal tiene capacidad para 764 internos. Según un diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de 2021, su población era de 488 reos. En ese mismo año, la CNDH otorgó al Altiplano una calificación general de 7.23 sobre 10, reconociendo garantías a la integridad de los internos y la gobernabilidad, aunque señaló áreas de mejora como la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, y la separación entre procesados y sentenciados.

Criminales y políticos recluidos

A lo largo de los años, el Altiplano ha albergado a algunos de los criminales más notorios del país. Entre ellos destacan Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien se fugó del penal en 2015 a través de un túnel; Ovidio Guzmán López, Servando Gómez «La Tuta», José Antonio Yépez Ortiz «El Marro» y Rafael Caro Quintero.

Varios exfuncionarios mexicanos de alto perfil han estado internados en esta prisión, generalmente acusados de delitos como delincuencia organizada, peculado, lavado de dinero y nexos con el narcotráfico.

Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, fue extraditado de Italia y recluido en el Altiplano por cargos que incluyen lavado de dinero. Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, estuvo internado por cargos de peculado.

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, fue ingresado recientemente al Altiplano acusado de delincuencia organizada y secuestro agravado, relacionado con un grupo criminal conocido como «la barredora». Luis Cárdenas Palomino, ex mando de la Policía Federal y cercano colaborador de García Luna, estuvo preso en el Altiplano por acusaciones de tortura antes de ser trasladado a otra prisión federal en Morelos.

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