Desplazamiento forzado en la sierra: familias rarámuri enfrentan difícil adaptación.

Alrededor de 80 personas originarias del municipio de Guadalupe y Calvo permanecen asentadas en Delicias desde hace tres años, tras abandonar sus comunidades a causa de la violencia en la zona serrana, informó Pedro Alvarado Villarreal, visitador regional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

De acuerdo con el funcionario, se trata de familias pertenecientes a la etnia rarámuri que salieron de la comunidad de La Sierrita en 2023, luego de los enfrentamientos entre grupos delictivos. Actualmente reciben apoyo tanto de autoridades estatales como del gobierno municipal de Delicias.

El visitador aclaró que en este municipio no se ha registrado la llegada de personas desplazadas provenientes de Atascaderos. En ese caso, las familias optaron por trasladarse hacia Parral y la capital del estado.

Alvarado Villarreal explicó que la integración a la vida urbana ha representado un reto significativo para las familias rarámuri, debido a que su contexto cultural, social y económico es muy distinto al que enfrentan en Delicias. Las principales dificultades se centran en la obtención de empleo y en la cobertura de necesidades básicas como alimentación, vivienda, vestido y atención para niñas y niños.

En cuanto a las personas desplazadas de Atascaderos, se estima que el número asciende a cerca de 230, quienes se han instalado principalmente en Parral y en la ciudad de Chihuahua. La semana pasada sostuvieron reuniones con visitadores de la oficina regional en Parral para recibir orientación.

Hasta ahora no se ha formalizado ninguna queja ante la Comisión, aunque se les ha brindado acompañamiento y asesoría para atender situaciones urgentes relacionadas con el acceso a servicios de salud y educación. Asimismo, cuentan con respaldo de dependencias estatales como la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.

Finalmente, el representante de Derechos Humanos reiteró la importancia de que las personas afectadas interpongan las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía General de la República, a fin de que puedan ser reconocidas oficialmente como víctimas y acceder a los mecanismos de protección y apoyo establecidos por la ley.

En la Región