La seguridad pública no solamente se mide en operativos o presencia policiaca, también se mide en confianza. Cuando surgen este tipo de señalamientos, la credibilidad institucional se pone en riesgo y el trabajo de quienes sí cumplen con su deber queda empañado.

Aquí es donde surge el cuestionamiento hacia el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya. Su responsabilidad no solo es implementar estrategias contra la delincuencia, también garantizar que los elementos bajo su mando actúen con legalidad, profesionalismo y respeto a los derechos ciudadanos. Ignorar o minimizar este tipo de reportes podría debilitar la percepción de seguridad que tanto se busca construir.

La ciudadanía no pide privilegios, exige transparencia, supervisión real y mecanismos claros para denunciar abusos. Si se quiere fortalecer la seguridad, primero debe fortalecerse la confianza entre autoridad y sociedad.