Los estados con mayor incidencia de esta práctica son Chihuahua, Guanajuato, Estado de México y Michoacán, donde se ha detectado que esta situación afecta gravemente a los productores agrícolas, quienes necesitan contar con concesiones vigentes para poder mantener la productividad de sus parcelas.

Frente a este panorama, el Gobierno Federal inició un programa de revisión y emitió un decreto de facilidades administrativas con el objetivo de que el sector campesino pueda regularizar sus títulos de agua, garantizando así un uso más justo y transparente del recurso.

En el caso de Ojinaga, las autoridades han anunciado operativos específicos para combatir no solo los pozos clandestinos, sino también las instalaciones eléctricas irregulares que ponen en riesgo a la población y afectan el abasto legal de servicios. Estos operativos buscan frenar el uso ilegal de los recursos naturales, proteger a los productores agrícolas de la región y reducir prácticas clandestinas que ponen en desventaja a quienes cumplen con la ley.

El llamado de las autoridades es claro: quienes mantengan pozos o conexiones irregulares deberán regularizar su situación. De lo contrario, se aplicarán sanciones y clausuras como parte de una estrategia integral para garantizar el aprovechamiento legal y seguro del agua y la energía en la región.