Ciudad Juárez, Chih., dos hombres fueron detenidos y enviados a prisión preventiva por su presunta responsabilidad en los hechos relacionados con el crematorio “Plenitud”, donde fueron localizados 383 cuerpos que debieron haber sido cremados. Se trata de José Luis A. C., de 39 años, propietario del lugar, y Facundo M. R., de 64 años, quien laboraba en el sitio.

Con el objetivo de dar certeza y garantizar el acceso a la justicia para todos los deudos, el Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, se reunió con grupos de familias que tienen la inquietud de que sus seres queridos se encuentren entre los cuerpos rescatados del crematorio, expresándoles que se les brindará una atención integral.

Posteriormente, encabezó una rueda de prensa en Ciudad Juárez, donde confirmó que ambas personas se encuentran sujetas a prisión preventiva y que la investigación continuará a fondo.

Recordó que fue la tarde del 26 de junio cuando se recibió el reporte sobre la presencia de cuerpos en un predio de la colonia Granjas Polo Gamboa. Al procesar la escena, personal de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses determinó que el lugar operaba como un crematorio.

Las indagatorias revelaron que se trataba del crematorio “Plenitud”, el cual prestaba servicios a seis o siete funerarias locales que subcontrataban la cremación. En el inmueble se hallaron cuerpos apilados y embalsamados en distintas habitaciones.

José Luis A. C. y Facundo M. R. fueron detenidos mediante orden de aprehensión y enfrentan cargos por delitos de inhumación, exhumación y violación al respeto a los cadáveres o restos humanos, en perjuicio de la sociedad. El próximo 04 de julio se celebrará la audiencia de vinculación a proceso penal.

“El Juez concedió la prisión preventiva que solicitó el Ministerio Público, para que estas personas sigan su proceso en prisión, a efecto de garantizar que puedan solventar no solo el daño económico que les hicieron a muchas familias, sino también ver en qué términos se plantea la reparación del daño para muchos de ellos que están siendo revictimizados en el dolor que de cierta forma ya habían cerrado”, declaró el Fiscal General.

Agregó que se trata de un acontecimiento inédito y muy grave, por lo que se realizará una investigación integral para lograr la plena identificación de los cuerpos y determinar otras posibles responsabilidades.

“Vamos a buscar la penalidad más alta para los responsables. Serán investigadas las acciones u omisiones de autoridades encargadas de fiscalizar este tipo de establecimientos, y vamos a entregar una investigación seria, que busque como objetivo revictimizar lo menos posible a las familias que ya están pasando por ello”, añadió Jáuregui Moreno.

Por su parte, el director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, Javier Sánchez Herrera, detalló que se localizaron 383 cuerpos: 218 masculinos, 149 femeninos y 16 indeterminados, en cuyo caso se realizarán análisis de laboratorio, incluyendo estudios antropológicos.

Informó que 15 de los cadáveres tienen nombre probable y que todos estaban embalsamados. Algunos portaban etiquetas con nombres o números de seguridad social, lo que ayudará a su identificación. Cuatro cadáveres presentaban elementos únicos como tatuajes o trabajos dentales, y se estima que hay al menos cuatro menores entre los restos, incluidos dos neonatos.

“Estaremos haciendo la conexión o buscando la forma de comunicarnos con la familia de estas personas que ya tenemos identificadas, para hacer lo conducente por parte de la Fiscalía General del Estado”, explicó.

A su vez, el Fiscal de Distrito en la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, precisó que se está solicitando una pena de hasta 17 años de prisión y que, por instrucciones de la gobernadora Maru Campos y el Fiscal General, se desplegó un equipo de expertos, incluyendo antropólogos y criminólogos, para sustentar las acusaciones.

Detalló que el crematorio prestaba servicio a cinco funerarias locales: “Luz Divina”, “Protecto-Deco”, “Del Carmen”, “Latinoamericana” y “Amor Eterno”.

Finalmente, la Fiscalía General del Estado refrendó su compromiso para continuar con las indagatorias, brindar atención integral a las familias afectadas y asegurar que los cuerpos reciban un trato digno hasta ser plenamente identificados.