Es profundamente preocupante la actuación de la subprocuradora del menor en Ojinaga, Karina Carlos, y su equipo, quienes han sido señalados por presuntas irregularidades graves, incluyendo la retención de menores sin una investigación previa adecuada.

En un estado de derecho, las autoridades responsables de la protección de la infancia deben actuar con total apego a la ley, garantizando el debido proceso, la presunción de inocencia y, sobre todo, el interés superior del menor. Retener a niños sin contar con fundamentos legales claros, sin una investigación previa, y sin la debida transparencia, no solo representa una violación a sus derechos humanos, sino que también genera un daño emocional profundo tanto en los menores como en sus familias.

Es inaceptable que quienes están encargados de velar por la integridad de la niñez utilicen su autoridad de manera arbitraria. Este tipo de acciones no pueden quedar impunes ni pasar desapercibidas. Las instancias correspondientes deben intervenir para esclarecer los hechos, revisar las actuaciones de esta subprocuraduría y, en su caso, sancionar cualquier abuso de poder.

Exigimos verdad, justicia y respeto a los derechos de los niños y niñas de Ojinaga. Y sobre todo, exigimos que quienes ocupan cargos públicos actúen con ética, legalidad y responsabilidad.